Ambos ex-políticos son juzgados por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. El motivo fue la adjudicación "a dedo" del contrato de alquiler de dos lonjas pasando por alto, los reparos y la denuncia del interventor municipal.
Según la fiscalía y la acusación particular, en la redacción de los contratos de arrendamiento no intervenían funcionarios, y eran redactados por la propia empresa beneficiaria. En uno de esos contratos, la redacción del mismo corrió a cargo del ahora portavoz de Ciudadanos en la zona Oriental, Roberto Morales.
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