CASTROVERDE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA


La medida evitaría perjuicios a los ciudadanos y pérdidas de suelo público como las sucedidas en las zonas del APD-2, La Loma y Santa Catalina.
Castro Urdiales, 8 de mayo de 2013

CastroVerde ha registrado una propuesta, para su debate en el próximo pleno, para la creación de una unidad especializada de inspección que vele por la legalidad urbanística en el municipio de Castro Urdiales. “La medida permitiría corregir errores e irregularidades durante la ejecución de las obras, evitando los costosos -y muchas veces infructuosos- procesos de restauración de la legalidad”, explican desde la formación.

Con ello se pretende evitar los graves perjuicios que el crecimiento urbanístico desmedido ha causado tanto al Ayuntamiento como a los promotores y sus clientes: paralizaciones, retrasos en las obras, sanciones tardías… Para el municipio, esta falta de vigilancia se ha traducido en pérdidas de suelo público y reclamaciones judiciales como las que se han producido en el APD-2 en Cotolino (donde está previsto construir el tercer Instituto de Educación Secundaria), así como en las zonas de La Loma y Santa Catalina, cifradas en 16, 10 y 1,3 millones de euros, respectivamente.

 Según el texto de la moción, la realidad actual del urbanismo en Castro Urdiales es fruto de una gestión municipal que se ha visto desbordada en los últimos años y que todavía hoy supone para el Ayuntamiento la amenaza de posibles indemnizaciones millonarias. A esto se suma la incertidumbre jurídica que sufren los compradores de viviendas construidas en las zonas afectadas por las irregularidades, o medidas como el cierre al tráfico de una parte de la calle Cantabria, con las consecuentes molestias a los vecinos de la zona.

La Unidad de Inspección Urbanística propuesta por CastroVerde se ocuparía de supervisar las obras y actividades, actuando sobre los problemas cuando su solución es más plausible, es decir, con anterioridad a la terminación o entrega de las mismas. Así, se reforzaría un servicio que resulta insuficiente, pese a la reducción considerable de la actividad del sector de la construcción, producto de la crisis del mercado inmobiliario y financiero.


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