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ALGUNAS JUNTAS VECINALES, SANTULLÁN Y MIOÑO DESINFECTAN CON MEDIOS PROPIOS SUS PEDANÍAS A FALTA DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES SE TOME EL CORONAVIRUS Y A LAS JUNTAS VECINALES EN SERIO..

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YA NO ESTAMOS EN AGOSTO, NI EN SEPTIEMBRE NI EN OCTUBRE..ESTAMOS EN MARZO DE 2020 Y SEGUIMOS SIN SABER NADA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL .....Y SIN ORDENANZAS FISCALES..DICEN LAS MALAS LENGUAS QUE SE AVECINA SUBIDA DE LA TASA DE AGUA...NO SABEMOS SI ES VERDAD..LO QUE SE SABE ES QUE ASCAN NO VA A COBRAR POR UNA SENTENCIA Y QUE DE ALGÚN SITIO LO VA A INTENTAR COBRAR PARA NO PERDER LA INVERSIÓN...

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DICE EL INTERVENTOR MUNICIPAL, QUE LAS SENTENCIAS CONTRA CUATRO JUNTAS VECINALES POR EL REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES DEL AGUA SON FIRMES Y QUE DEBEN EJECUTARSE EN BREVE..EN ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE NOVIEMBRE DE 2019..VEREMOS CUANDO SE CUMPLE Y COMO.

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El TSJC confirma ilegalidad de 80 viviendas en Ostende

martes, 30 de noviembre de 2010


En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declaraba ilegal la construcción de estas viviendas junto al polideportivo Peru Zaballa y el Ayuntamiento recurrió. Lo grave es que la sentencia del recurso es del 2008 y ahora se sabe gracias a los demandantes y los Medios de Comunicación, que el Ayuntamiento todavía no dado una solución ni a los propietarios ni a los demandantes que ganaron el juicio.

Todo se remonta al año 1994, en el que el Ayuntamiento concedió una primera licencia a una empresa constructora para 40 viviendas cuando el Plan General vigente era el de 1965. Esta empresa en 1995 añadió una parcela más al proyecto y solicitó una nueva licencia de construcción para casi 80 viviendas. Sin embargo, la nueva licencia coincide con el PGOU de 1996 y por tanto suponía menos edificabilidad. El  Ayuntamiento por contra, no suspendió la licencia.

Desde Castroconfidencial resulta asombroso que el ambiente de ilegalidades e irregularidades es tal que nos empiezan a conocer como La Marbella del Norte. Este tema se dió con el Gobierno Municipal  del PSOE y siendo Alcalde el señor R. D. Helguera. Pero quien estaba de Concejal de Urbanismo? 

Recordamos que el demandante solicitó en su momento declaración de ilegalidad de la licencia, la anulación del PGOU y la demolición de lo construido. La sentencia es firma y no cabe recurso alguno. El fallo abre la puerta de la demolición si el demandante solicita su ejecución.


No entendemos que Servicio Jurídico tiene el Ayuntamiento que parece que de Urbanismo no tienen ni pajolera idea de lo que hacen y que encima tendremos que pagar todos los ciudadanos. Esperemos que la Justicia tome buena nota de quien o quienes otorgaron tal licencia ilegal, en que condiciones y quienes realizaron el recurso. Estos fallos en Empresas privadas cuestan el despido.

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