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No es casualidad que la Junta Vecinal de Santullán sea parte denunciante de las presuntas irregularidades urbanísticas del caso La Loma. Tampoco que haya ciertos ediles municipales imputados, entre ellos el concejal de IU. Pero lo que resulta de "juzgado de Guardia" es que la ley permita a un imputado por presuntas irregularidades urbanísticas "acosar" presuntamente a la parte denunciante y a su familia. Nos referimos a las denuncias del concejal de IU para cerrar la empresa Dafer Carretillas S.L.
Esto en Cantabria y en España se llama presuntamente "obstrucción a la Justicia". Como lo llama IU? Por cierto, prevaricación puede ser también paralizar una licencia de actividad sabiendo que cumple todos los requisitos legales.
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