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LA FISCALÍA OMITE NUEVE DELITOS Y UN PREJUICIO DE 10 MILLONES DE EUROS PARA CASTRO URDIALES
NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR PUBLICADO EN PRENSA REGIONAL Y ESTATAL, LO QUE NO SE PUBLICA EN CASTRO URDIALES..
Publica eldiarioescantabria este titular: "El giro de la Fiscalía en el caso La Loma omite nueve delitos y obvia un perjuicio de 10 millones de euros para Castro Urdiales".
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/La_Loma
En el nuevo escrito de acusación desaparecen sin justificación tres delitos de malversación de fondos públicos, cuatro de falsedad documental, uno de infidelidad de custodia de documento público y otro contra la ordenación del territorio.
El caso 'La Loma', la mayor causa por corrupción en Cantabria, se desinfló al retirar la fiscal la acusación a 39 de los 45 imputados en la primera sesión del juicio.
El caso 'La Loma' de Castro Urdiales ha visto cómo en las últimas semanas se ha quedado en el chasis. Y es que esta macrocausa por corrupción urbanística, la mayor de Cantabria, que consta de 101 tomos y más de 57.500 folios y en la que estaban imputados medio centenar de personas entre políticos, constructores y funcionarios para los que se pedían 200 años de cárcel en total, ha experimentado un cambio sustancial en las últimas semanas.
El esperado comienzo del juicio, por unos hechos que se produjeron hace doce años y cuya apertura se ordenó hace más de cuatro por el juez Luis Acayro Sánchez, llegó este mes de octubre con una sorpresa en forma de cambio de criterio por parte de la Fiscalía. La nueva fiscal, Pilar Santamaría, retiró las acusaciones a 39 de los 45 imputados en el caso, de manera que el juicio quedó suspendido a la espera de nuevo escrito de acusación por parte del Ministerio Público.
En ese escrito, que se conoció el pasado jueves, la fiscal rebaja a cuatro y dos años de cárcel las penas a los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, quienes se enfrentaban a una condena inicial de 12 y 11 años respectivamente. Además, también fijó penas para el arquitecto Pedro Restegui y la técnico Yolanda Sánchez (cuatro años cada uno), para el exsecretario municipal César Saiz (siete años) y para el arquitecto Valentín Galdós (cinco años).
No obstante, este giro de la Fiscalía en el que se "contrae" la acusación omite nueve delitos por corrupción sin justificar el motivo y obvia un perjuicio de casi 11 millones de euros para el Ayuntamiento de Castro, todo ello recogido en el anterior escrito presentado por la fiscal María Jesús Cañadas en 2012.
Se trata, por tanto, de tres delitos de malversación de fondos públicos, cuatro de falsedad de documento público, uno de infidelidad de custodia de documento público y otro contra la ordenación del territorio, tal y como se extrae de la comparativa de ambos textos.
El escrito excluye el perjuicio al patrimonio municipal por dejar de liquidar y recaudar las tasas de las licencias concedidas por importe de 226.000 euros y por el total de aprovechamientos urbanísticos por importe de 9.300.000 euros. Además, en el primer documento, la Fiscalía fija la cantidad de 380.500 euros que deja de percibir el Ayuntamiento por un camino vecinal en el proyecto de reparcelación del SUNP3, así como la cuantía de 976.000 euros por eximir a la promotora Bifamiliares de entregar los aprovechamientos urbanísticos.
"Conocida la Sentencia del TSJ que acredita que el aprovechamiento urbanístico municipal se ubica en suelo rústico, no se ha hecho por el Ayuntamiento gestión alguna para resarcirse económicamente al menos, de la pérdida económica que ello supone", apuntaba el escrito de 2012.
En lo que respecta a los delitos por falsedad de documento público, la fiscal Cañadas hace alusión al informe de carreteras del SUNP 3 sector 2 en términos similares al SUNP 12. "La acusada Alicia García en su condición de gerente de urbanismo , consciente y voluntariamente somete a la aprobación del pleno municipal un texto refundido cuyos planos no son los aprobados por el organismo sectorial ni los informados favorablemente por la técnico municipal y es este texto refundido con sus planos el aprobado por el Ayuntamiento y remitido al BOC para su publicación", sostiene, señalando más adelante que "falta intencionadamente a la verdad" en el informe.
También hacía referencia a los certificados de infraestructuras del SUNP 4, 7 y 12 en los que se aseguraba por los técnicos y miembros de la Junta de Gobierno Local que estaba en fase de adjudicación y construyendo el depósito del Monte Cueto, para lo que, según el escrito, ni había licencia ni expediente de contratación y estaba prohibido por el PGOU.
"[...] el acusado Sr Restegui [...] falta voluntaria y conscientemente a la verdad certificando como "arquitecto municipal" que examinados los terrenos del SUNP 4 ha podido comprobar que tienen acceso rodado, transformador de energía eléctrica y gas natural en el propio terreno y que en colaboración con el Gobierno de Cantabria se ha garantizado el suministro de agua mediante las obras que se van a comenzar a ejecutar inmediatamente para permitir utilizar el embalse de Juncal de Guriezo y otras posibles alternativas, y que "está en fase de adjudicación un depósito en la zona de Cueto con la finalidad de abastecimiento de agua a varias zonas y en especial al SUNP 4." …y que por tanto no hay ningún problema de infraestructuras básica ya que el terreno cuenta con luz, accesos, gas y "el agua está asegurada con las obras que se van a ejecutar de forma inmediata" y con la conexión a la red de saneamiento integral, así como de la forma que se ha descrito anteriormente". ( folio 77 tomo 7). El acusado hace estas manifestaciones en un momento en el que ni siquiera estaba aprobada la modificación 6º del PGOU por lo que era contrario al planeamiento la instalación de depósito alguno en dicha zona, circunstancia que constaba al acusado. [...] El certificado es remitido a la Consejería de Medio Ambiente por el Sr Muguruza, constando al mismo la falsedad de su contenido. El contenido del certificado es elevado a acuerdo por la Junta de Gobierno Local", apunta.
Por otro lado, en el primer escrito de acusación se incluyó un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos contra la Sra Sánchez Sebastián y en el nuevo escrito de acusación omite cualquier referencia al mismo, así como al delito contra la ordenación del territorio en el SUNP3, sector que ha retirado de la causa, en relación a la licencia concedida para construir 15 viviendas a favor de la promotora NORSUR Siglo XXI SL.
Sobre este último, las viviendas están construidas en suelo no urbanizable y no legalizable por invadir "la zona de protección de la carretera autonómica CA-250" y la fiscal no explica por qué ha dejado de ser delito, dejando de acusar a los miembros de la Junta de gobierno local que estaban advertidos de la ilegalidad y a los técnicos informantes.
"Y finalmente se concede a la entidad "Norsur Siglo XXI" licencia para la construcción de estas 15 viviendas pareadas en fecha 31 de marzo de 2005, por la Junta de Gobierno Local ( folio 22 23 tomo 26) formada por los acusados Sres. .Muguruza Galán, Rodríguez López, Diez Muro, Vélez Vitoria, Concepción Carranza, Salvador Hierro, Juan Tomás Molinero Arroyabe, conociendo todos ellos la imposibilidad de finalizar las obras de urbanización al tiempo de finalizar la edificación autorizada", señalaba el escrito de 2012.
LA FISCAL DEL CASO LA LOMA CAMBIA LOS HECHOS RECOGIDOS EN LA INSTRUCCIÓN
TENEMOS QUE IR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES PARA ESCUCHAR Y LEER LA OPINIÓN QUE EL MACROJUICIO POR CORRUPCIÓN URBANISTICA DE LA LOMA ESTÁ GENERANDO.
Esta mañana nos sorprendiamos con el Programa de Angels Barceló en conexión con Ser Castro Urdiales, una entrevista a la abogada de la Junta Vecinal de Santullán , Yolanda Merino que explicaba muy bien el origen del caso y el giro sorprendente de la Fiscalía.
Hace un rato el periodico "El País" recoge como noticia el soprendente "viraje" de la Fiscalía con titular que es bastante inquietante sí tenemos en cuenta que los casos de Corrupción Urbanística salpican a políticos, funcionarios y constructores. Un viraje de la Fiscalía baja de 45 a 6 los acusados en un escándalo urbanístico en Castro Urdiales.
Subtitula El País que "La fiscal cambia los hechos recogidos en la instrucción al inicio del macrojuicio en Cantabria, donde se permitió construir sin que estuvieran garantizadas infraestructuras básicas".
A Castro Urdiales (Cantabria) se le llegó a conocer como la Marbella del Norte por los escándalos urbanísticos que llevaron a una construcción desmesurada y repleta de ilegalidades. En la actualidad, cuenta con 53.000 habitantes, que supone un crecimiento de un 90% en los últimos 10 años. La semana pasada, trece años después de una primera denuncia por ocupación de caminos y terrenos rústicos a la que se han sumado otras, se iniciaba uno de los juicios por corrupción urbanística más esperados, el de la Loma. Había 45 acusados entre alcaldes, concejales, técnicos y promotores para los que Ministerio Fiscal pedía más de 200 años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y documental, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documento público y estafa. La Audiencia Provincial de Cantabria ratificó el escrito en abril de 2015.
Pero un inesperado viraje en la opinión de la fiscal responsable de Medio Ambiente, Pilar Santamaría, el mismo día en que se inició el juicio ha reducido a seis los acusados. La fiscal sostiene que existen nuevos elementos a ponderar, después de que uno de los abogados de la defensa pidiese ese mismo día un aplazamiento para llegar a algún acuerdo. La causa, que se instruyó entre 2008 y 2012, consta de 90 tomos y más de 60.000 folios. Fuentes judiciales aseguran a EL PAÍS que se trata de una actuación "sin precedentes", porque se cambian hechos sin que se haya celebrado el juicio recabados en una instrucción y a los que la Audiencia Provincial dio el visto bueno. Además, el nuevo documento omite delitos por los que se deja de acusar como la malversación de fondos públicos por 9,6 millones de euros que el Ayuntamiento no recibió de los promotores por los aprovechamientos urbanísticos.
La Loma es una zona de unas 300.000 hectáreas en la que el Ayuntamiento permitió construir sin que estuviera garantizado el agua, ni ninguna infraestructura básica, en zonas de servidumbre de carreteras o equipamiento público. Se levantaron 168 chalés y un colegio.
Hoy se ha conocido el escrito en el que la Fiscalía argumenta su inesperado viraje. En cuanto al agua, "el principal problema de los residentes" - que continúan esperando el depósito de agua prometido y que han estado consumiendo agua de pozo, que incluso no era potable- el nuevo escrito de calificación provisional afirma que el Ayuntamiento ofreció alternativas para solucionar su falta, pero eran "erráticas" y los instrumentos de planificación que se adoptaron "no fueron acompasados en el tiempo". Dicho esto, considera que, al verificar de nuevo los datos y la aparición de "nuevos elementos de ponderación, llevan a concluir que las iniciativas concretas" referidas al SNUP 3, (el único sector que se construyó), "fueron adoptadas por los responsables municipales sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad". Sin embargo, el anterior escrito del fiscal sostenía que se emitían informes favorables desde el Ayuntamiento, pese a que "constaba la ausencia de infraestructura de abastecimiento de agua".
La noticia del cambio de las modificaciones ha caído como una bomba sobre la Junta Vecinal de Santullán, una pedanía de 800 personas, que denunció en 2006 que se estaban ocupando caminos y terrenos rústicos de su propiedad. Yolanda Merino, su abogada, duda de que vayan a continuar: "No sé si vamos a poder asumir nosotros solos una defensa de lo que son intereses generales de un municipio".
El resto de las acusaciones particulares, vecinos que habían denunciado al considerarse estafados, han abandonado la causa. La Fiscalía explica ahora al respecto que "puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas" por las manifestaciones recientes de sus abogados. Pero el primer escrito de la fiscal sostenía que "los compradores adquirieron y pagaron las viviendas en la confianza de que disponían de todos los servicios necesarios".
La letrada Merino recuerda el tiempo y el trabajo que han dedicado a este procedimiento. "Se denuncia en 2006, la instrucción no arranca hasta 2008 y termina en 2012. A partir de ahí todo ha sido un juego de dilaciones y paralizaciones. De 2015 a 2019 estuvimos pendientes de que señalara el juicio y cuando ya está, pasa esto a última hora", relata.
La fiscal Pilar Santamaría solicita en su nuevo escrito cuatro años de prisión al exalcalde Rufino Díaz Helguera por un delito de cohecho y a Fernando Muguruza, también exregidor, dos años por prevaricación urbanística. El arquitecto Pedro Restegui se enfrenta a una pena de cuatro años por delito continuado de cohecho y a una multa de 1,8 millones. Valentín Galdós, también arquitecto, afronta la petición de cinco años de cárcel. A Yolanda Sánchez Sebastián le pide también cuatro años y 442.336 euros y para el exsecretario César Sáiz, solicita tres años por falsedad documental y cuatro por delito continuado de cohecho y un millón de euros. Las acusaciones particulares y el resto de implicados en el juicio cuentan con cinco días hábiles desde el 9 de octubre para presentar alegaciones al escrito de acusación. Las defensas tendrán otro plazo de cinco días, transcurrido el cual, se marcará la fecha para reanudar el juicio.
"ESTA DECISIÓN SIENTA UN PRECEDENTE MUY PELIGROSO"
En Cantabria hay 400 viviendas pendientes de derribo por irregularidades en los planes. “Si no se enjuician las que, además, llevan detrás un presunto delito, lo que pasará es que va a ser muy fácil saltarse la ley cuando quieran los Ayuntamientos, los técnicos o constructor de turno. Aquí había falsedad de planos y de documentos”, añade. La letrada recuerda que el derecho urbanístico y medioambiental está regido por directivas europeas que hay que cumplir y que trascienden las normas estatales.
CASO PROCONOR: LA CALLE CANTABRIA ES " EQUIPAMIENTO PÚBLICO-DEPORTIVO"
EL PERITO JUDICIAL EN EL CASO PROCONOR, JESÚS MOLINERO, NO ENTIENDE PORQUE LA TRAMITACIÓN DEL EDIFICIO PROCONOR DE CASTRO "SE HA LLEVADO TAL MAL, TENIENDO LA SOLUCIÓN AL ALCANCE DE LA MANO".
La cuarta sesión del juicio del caso Proconor, que afecta al desarrollo de la Unidad de Ejecución 1.26 de Castro Urdiales, ubicada junto al deportivo municipal Pachi Torre, donde se construyó un edificio de 51 viviendas sobre suelo destinado a equipamiento público (según el juez instructor Luís Acayro) ha tenido un par de sorpresas..El perito judicial, Jesús Molinero ha declarado que "un suelo de equipamiento no se puede convertir en un viario". El perito aseguró que se podía haber hecho un plan especial interior para cambiar la calificación del suelo. "El vial (que invade el equipamiento público) pertenece a la estructura urbana, da continuidad a la trama. Pero en el PGOU no figura". Molinero señaló que el equipamiento "ha perdido superficie".
Curiosamente el perito de las defensas, Enrique Porto Rey aseguró que "el vial abierto junto al edificio Proconor sigue considerandose equipamiento público". Según este arquitecto, la Avenida Cantabria es pública, es equipamiernto público-deportivo.
Desde Castro Confidencial observamos que la jueza va a tener mucho trabajo con semejantes peritos...Sobre todo con la argumentación del perito de las defensas..Y es que a Porto Rey se le conoce por oscuros casos urbanísticos.
https://www.publico.es/
https://www.elconfidencial.com/espana/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
Según el escrito de calificación del fiscal, los hechos ejecutados por los ahora acusados implican la privación al municipio de Castro Urdiales de unos espacios destinados y previstos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dotación o equipamiento público de carácter educativo-deportivo en el entorno del Colegio Arturo Duo. http://www.poderjudicial.es/portal/
Mantiene el ministerio fiscal que desde el año 2001 la corporación municipal pretendía abrir unos nuevos viales en la citada zona, por lo que se tramitó una modificación del PGOU que no llegó a término al contar con informe desfavorable de la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU).
En abril de 2006 se aprueba el estudio de detalle, “aun conociendo y sabiendo todos los que votaron a favor que estaban aprobando un instrumento complementario de planeamiento contrario frontalmente a la norma superior”, y ello “en perjuicio de los habitantes de Castro Urdiales, que veían burladas las previsiones de conseguir un amplio espacio deportivo educativo, reduciéndose además el terreno previsto en 594,13 metros, con una valoración patrimonial según informe pericial de 403.146,91 euros”.
Como consecuencia de la “irregular actuación” de los responsables municipales, se creó la calle Cantabria, al norte de la unidad de ejecución 1.26, vía no prevista en el PGOU y sobre terrenos previstos para equipamiento público.
Por fín. entendemos la preocupación de las vecinas y vecinos de Castro Urdiales por el polideportivo Pachi Torre y por las actividades que puede albergar: Fería de antiguedaddes, Pin de Navidad e incluso parece que el mercadillo de Los Jueveros.. Es porque le faltan metros de equipamiento que ahora figuran en un puto vial..
LA FISCALÍA PIDE INHABILITACIÓN Y CARCEL PARA EL EXALCALDE DE NOJA
EL EXALCALDE DE NOJA, JESUS DÍAZ (PP) ESTA ACUSADO DE UN PRESUNTO DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN Y OTRO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A FUNCIONARIOS PARA PERJUDICAR A UNA CONSTRUCTORA.
PARA EL EXSECRETARIO MUNICIPAL, JOSÉ LUÍS SAINZ MESSIA, SE PIDEN 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN.
El Fiscal solicita apertura de juicio oral en su escrito de fecha 4 de Julio de 2018, ante el juzgado de lo penal y formula escrito de acusación respecto a Jesús Díaz Gómez, José Luís Messia Gimenez y el Ayuntamiento de Noja como responsable civil subsidiario.
Según el Ministerio Fiscal, los acusados, Alcalde y Secretario, aprovechandose de esa condición, dictaron y ampararon a sabiendas de su ilegalidad, resoluciones administrativas que contradecían manifiestamente la legislación vigente; aplicando resoluciones diferentes a casos semejantes a los tramitados retrasando el proyecto de la entidad Nocanor Promociones S.L.
SENTENCIA PIONERA EN ESPAÑA SOBRE EL AVAL HIPOTECARIO
Es una situación habitual. Hijos que piden un préstamo para comprar una casa y el banco reclama el aval de los padres para concedérselo. Si el hipotecado no paga, la entidad va a por los bienes de los progenitores. El bufete bilbaíno Montero, Rocha y Asociados ha logrado una importantísima victoria judicial que beneficiará a muchas familias en circunstancias similares. Un juez ha declarado “nula por abusiva” y por falta de transparencia la cláusula de afianzamiento o aval que unos padres prestaron a su hijo para la compra de una vivienda. ENLACE NOTICIA DEIA
Se trata de la primera sentencia de estas características en Bizkaia y abre la puerta a miles de reclamaciones porque, según explica José Montero, socio director del bufete bilbaíno, “el 80% de las hipotecas entran dentro de este mismo supuesto”.
En este caso, un joven con ingresos discretos e inestables pidió una hipoteca Blue joven a BBVA y la entidad requirió el aval de los padres y de los hermanos. Cuando el hipotecado empezó a tener problemas para pagar, el banco escribió a sus progenitores advirtiéndoles de que podría embargar su vivienda. Ante este aviso, el padre del joven, por el miedo de perder su propia vivienda, empezó a abonar las cuotas de la hipoteca de su hijo. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia Nº11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de esta familia de Barakaldo al entender que el aval era abusivo y además el banco “no explicó bien a los padres y hermanos” lo que éste implicaba y sus consecuencias.
ENLACE EL CORREO-AMPLIACIÓN NOTICIA
Por tanto, de ahora en adelante BBVA sólo podrá reclamar al hipotecado, no a sus avalistas. “Es una sentencia revolucionaria. Siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones técnicas descubiertas con las que se ha generado protocolo específico de este bufete, como ocurre en la mayoría de los casos, este fallo beneficiará a miles de familias”, se felicita Montero, que recalca que la entidad no aplicó el debido “doble control de transparencia”.
EL TSJC ANULA LA ADJUDICACION DE LA PLAZA DE TOPOGRAFO DE CORPORACIONES LOCALES
LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL TSJC DICTABA EL PASADO 5 DE MARZO UNA SENTENCIA SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN QUE INTERPUSO UN OPOSITOR AL DECRETO DE ALCALDÍA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DESESTIMABA EL ESCRITO DE IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA DE TOPÓGRAFO.
Y SE CONDENA AL AYUNTAMIENTO A RECONOCER QUE EL APELANTE OBTUVO LA PRIMERA PLAZA, Y LA ADJUDICACIÓN DE LA MISMA.
Según la orden de subvenciones de Corporaciones Locales HAC/50/2015 de 22 de Diciembre de 2015 en sus bases reguladoras para la convocatoria de 2016 de subvenciones de Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria se dice:
5.8 La fase de concurso consistirá en la valoración con 10 puntos de un criterio social: la No percepción de ninguna prestación o subsidio. La acreditación deberá realizarse el día del examen, mediante entrega al tribunal junto con el examen de certificación acreditativa de no ser perceptor de prestaciones por desempleo, en el momento de acceso al aula de celebración de la prueba selectiva. La puntuación de ese mérito será de 10 puntos.
5.9 No se admitirá la presentación de dicha acreditación en momentos posteriores al acceso al aula de celebración de la prueba selectiva.
Según el tribunal, el criterio social regulado en la base 5 tiene naturaleza jurídica de mérito.
La sentencia dice que la persona seleccionada aportó dicho certificado el 26/09/2016 el día de reclamaciones evidenciando que el tribunal calificador tuvo un error al admitirlo. Pero lo curioso es que en el expediente administrativo no se incluye el acta del tribunal calificador de fecha 26/09/2016..debe ser que los Tribunales Calificadores a veces hacen su trabajo y a veces no...
Desde Castro Confidencial sabemos además que la Orden de subvenciones de Corporaciones Locales establece una serie de requisitos a las personas desempleadas entre ellos dar igualdad de oportunidades a los que no han estado en ese programa o valorar la antiguedad en el paro con un mínimo de 420 días en 18 meses..Pero hay veces que estos criterios no se cumplen. Es más como premio a su buena fe, la opositora que en 2016 logró plaza de Topografa ilegalmente (vista la sentencia) fue contratada nuevamente en Agosto de 2017 (Corporaciones Locales 2017-2018) tras pasar nuevamente el procedimiento de contratación, 4 meses después de su primer contrato de Corporaciones Locales (Octubre 2016-Marzo 2017).
JUICIO DE SANTA CATALINA: LA QUIEBRA ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO EN 2003
EL PASADO VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE, EL EX INTERVENTOR MUNICIPAL, FERNANDO URRUTICOECHEA DECLARÓ COMO TESTIGO EN EL CASO "SANTA CATALINA..DICE EL TITULAR DEL DM "EN CASTRO QUIEN NO PODÍA INFORMAR LO HACÍA CON CONTRATOS FRAUDULENTOS"..
Urruticoechea uno de los 7 testigos, que compareció el viernes en el juicio aseguró que el Ayuntamiento contrató al exarquitecto municipal, Pedro Restegui y a la exingeniera municipal, Alicia García, para informar sobre determinados instrumentos de planeamiento urbanístico para los que "no tenían competencias". Además recordó que en 2003 emitió un reparo señalando la situación de "quiebra económica" total en el ayuntamiento, con cuentas bancarias con saldos negativos, en rojo, cuando tenía que ser un ayuntamiento rico por el desarrollo urbanístico efectuado.
En esta sesión compareció también Soledad Rodriguez, funcionaria de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, coredactora del informe pericial de la causa, que declaró "que el vial sobre equipamiento público no es posible. Hay un claro beneficio para los promotores en detrimento de un equipamiento que es para los vecinos de la zona". La funcionaria del Ejecutivo Regional dejó claro que "hay soluciones para no hacer una red viaria que atraviese un equipamiento público. Y preguntaba ¿Porque no se hace un Plan Especial para ese vial? Recordando que en su informe pericial puso de manifiesto la perdida de 1957 metros cuadrados de equipamiento público...aunque no precisó sí en la UE 1.34 o en otras cinco más..
Desde Castro Confidencial sabemos que hoy se ha retomado el juicio con 4 testigos y dos peritos. El miércoles 27 habrá más peritos y el 28 y 29 serán las conclusiones..
Pocos más que decir cuando esto no aparece en los medios locales..Esperaremos a la sentencia...
EL JUICIO DEL CASO SANTA CATALINA YA TIENE FECHAS
DESDE LA PÁGINA WEB DEL C.G.P.J SE INFORMA EN NOTA DE PRENSA DE LAS FECHAS CONCRETAS DEL JUICIO. ENLACE WEB CGPJ
El Juzgado de lo Penal Número 3 (se celebra en Las Salesas) en Procedimiento Abreviado 135/14: Prevaricación y falsedad.
Diecinueve acusados de, en su calidad de cargos públicos o funcionarios del Ayuntamiento de Castro Urdiales, contribuir con su actuación al desarrollo urbanístico irregular en las unidades de ejecución 1.34 y 1.33.
En palabras del ministerio fiscal, los hechos juzgados supusieron para el municipio de Castro Urdiales la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, así como la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento de la ciudad, lo que calcula que puede ser un menoscabo patrimonial para el consistorio de unos 2,4 millones de euros.
Los hechos, que tuvieron lugar entre los años 2001 y 2008, son calificados por el fiscal como delitos continuados de prevaricación, de prevaricación urbanística y como delitos de falsedad en documento público cometido por funcionario público.
Por los delitos de prevaricación genérica, la petición de pena llega hasta los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de prevaricación urbanística nueve meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros; y por los de falsedad en documento público las penas ascienden a tres años de cárcel y hasta 6.000 euros de multa.
Nota:
Este juicio está señalado para los días 19, 20, 25, 27, 28 y 29 de septiembre, con sesiones que darán comienzo a las nueve de la mañana y previsiblemente se extenderán por la tarde, en el salón de actos de Las Salesas.
Los días 19 y 20 están destinados a la declaración de acusados, en sesión de mañana (9.00 horas) y tarde (17.00 horas).
Los días 22 y 25 están citados testigos.
El día 27 están citados los peritos.
El día 28 y 29 serán las conclusiones.
MEDIAVILLA: "BOE Y CARPETAZO"
Que nos dice el titular que "LA JUEZ EXIME AL EXCONSEJERO VICENTE MEDIAVILLA Y LEVANTA SU IMPUTACIÓN"..- ENLACE NOTICIA DM
Recordamos que la instrucción de más de 10.000 folios la planificó y llevó a cabo el juez Luís Acayro Sánchez que citó como imputado al exconsejero por prevaricación y cohecho. ENLACE NOTICIA DM ABRIL 2015. "Según parece la investigación prospectiva llevó a los investigadores a requerir de bancos, registros de la Propiedad, Agencia Tributaria y otros organismos información sobre los investigados y su entorno familiar y empresarial. El informe patrimonial y sobre blanqueo de capitales fue entregado el pasado día 8 de abril al juez, y a la vista de sus conclusiones Acayro Sánchez ha citado a declarar como imputado a Mediavilla. Según la providencia, de esos informes se desprende «la existencia de posibles indicios de un delito de prevaricación urbanística, así como un posible enriquecimiento que podría ser constitutivo de un delito de cohecho".
Desde Castro Confidencial sabemos que el Boletín Oficial del Estado Nº 14 de 17 de Enero de 2017 publicaba el concurso resuelto por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, Irene Rodríguez del Nozal, jueza, que servía en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Mollet del Vallés, pasa a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. ENLACE AL BOE-PDF.
Por lo que parece hay una juez en Castro Urdiales que es capaz de leerse en menos de un mes los 10.000 folios de la instrucción y elaborar una valoración urbanística de la situación del SUP4. Ante la duda, veremos sí hay sorpresa..
NUEVA SENTENCIA CONTRA EL EXALCALDE FERNANDO MUGURUZA POR PREVARICACIÓN
SEGÚN NOTA DE PRENSA DEL C.G.P.J (EN LA QUE SE PUEDE CONSULTAR LA SENTENCIA) ENLACE WEB NOTICIAS : "INHABILITACIÓN PARA EL EXALCALDE DE CASTRO URDIALES, Y DOS EXCONCEJALES POR ADJUDICACIONES A DEDO DE VARIAS OBRAS".
Absueltos el resto de ediles porque no se ha acreditado que tuvieran conocimiento de la ilicitud del procedimiento empleado en las obras de túnel de Mioño y la instalación del ascensor en el mercado municipal.
Santander, 31 de enero de 2017.-
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander ha condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación para cargo público al que fuera alcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza Galán, al considerarle autor de un delito continuado de prevaricación.
Asimismo, la magistrada firmante de la resolución ha condenado a los que fueron concejales de Obras e Industria durante el mandato de aquel, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, por el mismo delito y les ha fijado una pena mayor: cuatro años y nueve meses de inhabilitación.
Los hechos que han sido considerados delictivos se refieren a la manera de actuar que los tres condenados desplegaron durante el proceso de contratación de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y de las de instalación de un ascensor en el mercado municipal, ambas encargadas a la empresa de la que era gerente un hermano de los condenados.
La sentencia declara probado que en 2004 la junta de gobierno local de Castro Urdiales acordó por unanimidad aprobar las ofertas y la adjudicación a la empresa IZETA de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y las de instalación de un ascensor en el mercado municipal.
Entiende la juez que tanto el alcalde, como el concejal de obras, Salvador Hierro, y el concejal de Industria, Jaime Díez Muro, tenían “pleno conocimiento de la ausencia total de expediente administrativo de contratación” así como de “los vínculos de parentesco” entre este último y el gerente de IZETA, que era su hermano.
Además, el edil Díez Muro votó favorablemente a las adjudicaciones, lo que evidencia “una consciente y deliberada ausencia de abstención, con la silenciosa complacencia y el encubrimiento del alcalde y del concejal de obras”.
La fiscalía solicitaba la condena de todos los ediles y también de los funcionarios públicos por un delito continuado de prevaricación, con penas que iban desde los nueve años de inhabilitación para los tres ediles que han resultado condenados, a los siete años para los dos funcionarios públicos.
Sin embargo, la juez considera que sólo cometieron delito continuado de prevaricación los que eran concejales de Obras –quien recibió las ofertas y las presentó ante la junta municipal- y de Industria –hermano del gerente de IZETA y que no se abstuvo en las votaciones-, así como el alcalde –que conocía tanto la ausencia de tramitación como los lazos familiares.
El resto de cargos y funcionarios públicos quedan absueltos ya que no se ha acreditado que conocieran que las contrataciones se hicieron a dedo.
Desde Castro Confidencial observamos nuevamente que la instrucción del juez Acayro llega al tribunal y se resuleve con sentencia.
UN AÑO DE CARCEL Y DE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE DE OTAÑES POR AGREDIR A SU ANTECESOR
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| SANTIAGO BERRILOPEZ-ALCALDE PEDÁNEO DE OTAÑES (PSOE). |
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año de prisión al alcalde pedáneo de Otañes por un delito de lesiones contra el que fuera su antecesor, a quien agredió en el transcurso de una discusión en el Teleclub de la localidad.
Ha quedado probado que sobre las 15:00 horas del 31 de Agosto de 2011, Francisco Gonzalez acudió al bar, Teleclub de Otañes donde se encontraba Santiago Berriolopez y le pidió explicaciones acerca del motivo por el que estaba citando a los vecinos de la pedanía para informarles de las supuestas irregularidades cometidas durante su mandato; iniciandose una discusión. El señor Berriolopez golpeó al señor Francisco González y este cayó al suelo. Cuando el señor Francisco se levantaba, fue nuevamente golpeado por el señor Berriolopez. A consecuencias de estos golpes, el señor Francisco González tuvo distintas lesiones y agravamiento de dos hernias precisando asistencia médica, tratamiento odontológico de extracción de varias piezas dentales, etc..Más de 120 días sin poder realizar sus actividades habituales.
El tribunal ha considerado “excesivo” el tiempo transcurrido y ha decidido aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. En una sentencia notificada recientemente, la Audiencia de Cantabria considera probado que el alcalde de la pedanía castreña de Otañes, Santiago Berriolopez (PSOE) agredió a su predecesor. Todo lo contrario de lo que el señor Berriolopez declaraba en algún medio de comunicación. ENLACE NOTICIA CASTRO PUNTO RADIO-OCTUBRE 2016.
En la sentencia, se condena a Santiago Berriolopez como autor responsable de un delito de lesiones a la pena de un año de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las dos terceras partes de las costas incluídas las de la acusación particular. Además la Audiencia le impone el pago de una indemnización que asciende a 14.993,73 euros, por las lesiones sufridas por el agredido, que requirieron ingreso hospitalario y 120 días impeditivos. La sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en 5 días.
Respecto a las acusaciones de Berriolopez:
En la sentencia, la AUDIENCIA absuelve a Don Francisco González del delito de atentado a la autoridad y de la falta de lesiones, por la que había sido acusado.
Desde Castro Confidencial estamos deseando saber que medidas va a tomar la GESTORA DEL PSOE para que estos "errores" o situaciones no se vuelvan a repetir; y sobre todo sí el PSOE va a pedir responsabilidades políticas a su representante y Alcalde Pedáneo de la Junta Vecinal de Otañes..
LA AUDIENCIA MANTIENE LAS ACUSACIONES POR LA UE 1.26
Rescatamos la noticia que publicaba ayer COPE CANTABRIA ORIENTAL sobre otra instrucción judicial de Luís Acayro Sánchez en la Unidad de Ejecución 1.26, en la que la Audiencia desestima seis de los ocho recursos de apelación de los imputados en otro caso de corrupción urbanística en Castro Urdiales, el del desarrollo de la Unidad de Ejecución 1.26. Deja fuera a Pablo Sopeña y José Graiño.
Para la Audiencia, en el desarrollo urbanístico de esta zona de Castro Urdiales situada junto al Polideportivo Pachi Torre, "se modificó el Plan General al margen de la legalidad y en contra de los dictámenes de la Comisión Regional de Urbanismo" con "el objetivo evidente de la apertura de un vial no previsto sobre una parcela destinada a equipamiento público". Al parecer, se produjo "la pérdida de equipamientos sin compensación; en concreto se han perdido 594.13 metros cuadrados cuyo valor perdido para el Ayuntamiento asciende a 403.146 euros. ENLACE NOTICIA DM
Desde Castro Confidencial observamos que poco a poco las instrucciones del juez Acayro van acabando en los juzgados o a la espera de juicio como en este caso..
Lo sorprendente del Auto de contestación a los recursos de los imputados son algunas de las alegaciones. El ex-Secretario Municipal alega que no hay una norma que obliga al Secretario a advertir de las ilegalidades que dectetara en los actos de la Administración, que los informes del secretario no son vinculantes y que solo da fe o certifica. La ingeniera municipal al principio informó negativamente todos los informes en relación al Estudio de Detalle, y más tarde cambió de criterio y los hizo favorables..Como por arte de magia. Tenemos a ex-concejales que alegan desconocimiento pero que sabían que lo que se hacía era ilegal por los informes negativos de la CRU.
Uno de los ex-alcaldes imputado alega indefensión porque la causa se instruye en dos años. Curioso porque hay más tiempo para preparar la defensa. Claro que lo principal es que no se puede modificar un PGOU con informes contrarios de la CRU.
En fin que en breve tiempo, tendremos nuevo juicio contra la CORRUPCIÓN URBANÍSTICA que hemos padecido los últimos años en el municipio.
SE ABRE JUICIO ORAL CONTRA EL JEFE DE LOS SUMINISTROS ELECTRICOS DEL AYUNTAMIENTO Y SU MUJER
Se abre juicio oral contra el jefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro Urdiales y su mujer.
La juez, siguiendo la acusación del Ministerio Fiscal, ordena celebrar juicio contra ellos. El funcionario y su mujer están imputados por presuntamente falsificar las facturas que la empresa de electricidad presentaba al ayuntamiento y que el ayuntamiento pagaba. Se les pide una fianza de casi 300.000€.
Al parecer no hay pruebas suficientes para acusar al concejal Pedro Olano ni al Ex-Alcalde Rufino Díaz de colaborar en esta práctica.
Desde Castro Confidencial observamos que una vez más la instrucción del juez Luís Acayro Sánchez deriva más tarde en la imputación del funcionario encargado de los suministros eléctricos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales y su mujer; tal y como publicaba hace tiempo INTERVIÚ en su reportaje "EL AYUNTAMIENTO DE LOS ENCHUFES". Al parecer el ayuntamiento gastó más de 300.000€ entre 1999 y 2001 con la empresa de suministros eléctricos, con facturas inferiores a 3.000€ para evitar los controles legales.
EL EX-ALCALDE DE CASTRO URDIALES, FERNANDO MUGURUZA INHABILIRADO
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| FOTO PUNTO RADIO. |
El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander ha condenado al exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, a dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa derivado del alquiler irregular de dos lonjas destinadas al servicio de bomberos entre los años 2003 y 2010. José Miguel Rodriguez López ha sido absuelto.
La primera sentencia fue en 2015 (ENLACE NOTICIA EUROPA PRESS ).
Desde Castro Confidencial recordamos que se comete un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado totalmente injusto, actua de tal modo y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración.
EL "CASO MIOÑO" COMIENZA DE NUEVO MAÑANA
Nos hacemos eco de la noticia publicada en el DIARIO MONTAÑES el pasado Abril porque mañana comienza de nuevo el juicio del "Caso Mioño" (Tunel de Mioño) y añadimos el enlace al DIARIO.ES.
Esta vez será el juzgado de lo Penal número 1 de Santander el encargado de juzgar de nuevo el caso de la presunta adjudicación a dedo a la empresa Izeta de los trabajos de acondicionamiento del tunel de Mioño y la instalación de un ascensor en el mercado municipal.
Recordamos que la Audiencia Provincial anuló hace cuatro años el primer juicio por el que fueron inhabilitados y por tanto no pudieron presentarse a las elecciones municipales el ex-alcalde Fernando Muguruza y el ex-edil José Miguel Rodriguez López (Kiaka) entre otr@s.
Esta es la sentencia anulada publicada por el Diario Montañes:
http://www.eldiariomontanes.es/includes_m/pdf/tunel-miono.pdf
Meses despues de la sentencia, la Audiencia Provincial invalidó la sentencia por un defecto de forma sin entrar a su contenido; por un trámite que el instructor ignoró y que permitió al abogado del ex-concejal Salvador Hierro, tirar abajo un proceso de tres años. En concreto, "parece" que el juez Acayro olvidó enviar una fotocopia de los escritos de acusación a las partes cuando cerró la instrucción.
Ahora el juzgado número 1 de lo Penal de Santander retoma el caso NOTICIA CASTRO PUNTO RADIO en el que l@s acusad@s en este caso son segun publica el Diario Montañes:
Fernando Muguruza (ex-alcalde) Salvador Hierro (ex-concejal), Jaime diez Muro (ex-concejal), José Miguel RodriguezLópez (ex-concejal), Concepción Carranza (ex-concejal), Santiago Velez (ex-concejal), Juan Tomas Molinero (ex-concejal), el gerente de la empresa Izeta, Juan Ignacio Díez Muro, el ex-secretario municipal, Cesar Saiz y el ex-viceinterventor accidental, Gregorio Alcedo.
Desde Castro Confidencial ya vemos como algun@s de l@s investigad@s se siguen paseando por los medios de comunicación tranquilamente como sí no pasara nada, como sí los temas judiciales por Corrupción fueran una niñería del "mozalbete" de Cotolino. Solo que ahora no hay "mozalbete" y quien acusa es la Fiscalía. Veremos lo que dice la nueva sentencia y sí le falta algún papel, CD o documento del juzgado de Castro Urdiales.
ACUERDO IN-EXTREMIS , JAVIER EGUREN CUMPLIRÁ 4 AÑOS DE CARCEL
Hoy se iniciaba en Santander el juicio contra el Ex-Alcalde Pedáneo de Sámano, Javier Eguren, su "mujer" y el exvocal. ENLACE NOTICIA-ELDIARIO.ES
Sorprendentemente la Fiscalía ha llegado a un acuerdo en el que Eguren acepta 4 años y 1 día de prisión por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, tras alcanzar un acuerdo que reduce a un tercio la petición de condena que solicitaba el fiscal.
El acuerdo rebaja las penas de los dos otros dos acusados, su esposa, Iratxe Sánchez y el extesorero de la Junta Vecinal, Ignacio Berriolope, a dos años de cárcel, en lugar de los 11 y 6 años, respectivamente, que el Ministerio Público reclamaba inicialmente para ellos. No irán a la cárcel dado que han aceptado la condena por un delito continuado de malversación, como cooperadores necesarios, además de 12 de inhabilitación por sendos delitos continuados de prevaricación y malversación. El fiscal ha aceptado suspender sus condenas, a petición de las defensas, ya que ninguno de los dos tiene antecedentes penales.
La cantidad que el ex pedáneo de Sámano tendrá que pagar en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios causados a la Junta Vecinal será fijada más adelante, en el proceso de ejecución de sentencia y en función de lo que decida el Tribunal de Cuentas, que está pendiente de resolver un recurso de apelación contra la sentencia que dictó en noviembre de 2015. ENLACE PUNTO RADIO NOVIEMBRE 2015.
Desde Castro Confidencial recordamos que la instrucción de este caso fue realizada por el juez Luís Acayro Sanchez. ENLACE NOTICIA EUROPAPRESS... "El mismo que viste y calza". El que según el exalcalde que visitó El Dueso, suele decir que sus casos no llegarán a sentencia..De momento 2 sentencias en Juntas Vecinales. AUTO DEL JUEZ ACAYRO-PDF
Recordamos que Javier Eguren fue alcalde pedáneo con el PSOE y, tras abandonarlo, se presentó por el PRC en 2011.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONDENA AL EX-PEDÁNEO Y SU TESORERO A DEVOLVER 212.464 EUROS
EL TRIBUNAL DE CUENTAS HA CONDENADO AL EX-PEDÁNEO DE LA JUNTA VECINAL DE SÁMANO, JAVIER EGUREN Y AL EX-TESORERO, IGNACIO BERRIOLOPEZ POR UN DESCUBIERTO PRODUCIDO EN LAS ARCAS DE LA JUNTA VECINAL.
Nos hacemos eco de la Noticia publicada en el DM que especifica que el fallo es independiente a la causa abierta por el juez Luís Acayro en el juzgado número 2 de Castro Urdiales como consecuencia de irregularidades detectadas en la gestión económico-financiera de ambos durante su mandato entre 2007 y 2011. ENLACE NOTICIA DM 2014
Según se recoge en la sentencia Javier Eguren siendo Alcalde Pedáneo por el PSOE se lucró durante su mandato entre 2007 y 2011 a costa de fondos públicos a través de varias formulas. Primero ordenando verbalmente a la gestoría incrementar su nómina por encima de lo aprobado en los presupuestos, unos 20.340 € adicionales. Segundo usando el dinero público para uso particular propio o de su mujer, en comidas, cestas de navidad, ordenadores, etc...más de 60.000 € en total. Y tercero contratando a nombre de la junta vecinal un móvil para su mujer que acumuló un gasto de más de 10.000 € y autorizando el uso de otros a dos personas ajenas a la junta por más de 4.000 €. a todo esto hay que sumar los más de 54.000 € y más de 51.000 € de los sueldos cobrados por Iratxe Sanchez Tobalina (su mujer) e Ignacio Berriolopez desde Diciembre de 2008 hasta Junio de 2011 sin resolución administrativa alguna; sino por orden verbal de Eguren.
Además de esto el Tribunal de Cuentas constata ordenes de pago de entre 1000€ y 2780€ con facturas a nombre de la Asociación Zarzuela constituida en 2009 a nombre de los dos condenados, Sanchez Tobalina y dos personas más sin acta de Pleno, resolución o cobertura presupuestaria.
El Tribunal de Cuentas entiende que es una actuación gravemente negligente por autorizar gastos y ordenar pagos sin los requisitos legalmente establecidos; y rechaza las alegaciones de los condenados relativas a la escasa formación del ex-pedáneo con EGB y el ex-tesorero con Bachillerato; alegando que se había nombrado a un Secretario Interventor. Puesto que la sentencia especifica que varios secretarios interventores pusieron de manifiesto su oposición a la forma de autorizar y ordenar gastos; quedando probado que los demandados desatendían a los informes que existían.
Desde Castro Confidencial sabemos que el juez Acayro procedió en 2014 al embargo de los bienes de l@s imputad@s en este caso para asegurar su responsabilidad monetaria ENLACE NOTICIA DM.
Por otro lado como ya publicabamos hace tiempo en EL VICE-INTERVENTOR MUNICIPAL SALTA A LA ARENA POLÍTICA seguimos sin entender porque los funcionarios habilitados nacionales en Secretaría e Intervención no advirtieron de estas irregularidades al Tribunal de Cuentas en 2007. EL INTERVENTOR EN EL PLENO . El que más sabe de las cuentas de Sámano desde 2011...
QUIEN IMPIDE AL JUEZ ACAYRO ACABAR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN?
A mediados de Mayo se publicaba un juez reforzará el juzgado de Castro Urdiales. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial así lo ha acordado hoy, a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
El objetivo de la medida de apoyo, que tendrá una duración de tres meses, es que el magistrado titular del Juzgado pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de cuatro procedimientos de gran complejidad y volumen incoados en 2008 y cuya relevancia económica total se estima en 28,1 millones de euros.
Hoy se publica en EL MUNDO CANTABRIA que el juez Luís Acayro Sanchez no podrá terminar la instrucción del SUNP-4, caso en el que está imputado el ex-consejero Vicente Mediavilla; que "casualmente" estaba citado a declarar el este miercoles. Sin emabrgo, el juez ha redactado una Providencia para retrasar la declaración de Mediavilla el 23 de Junio.
A día de hoy y a pesar de lo que se ha publicado en prensa, no se ha nombrado ni juez ni funcionario de refuerzo y ha sido denegada la solicitud de prorroga hasta la incorporación del nuevo titular.La denegación de la prorroga ha sido una sorpresa ya que la práctica habitual es que se conceda para concluir los trabajos pendiente.
Desde Castro Confidencial desconocemos que "Mano Negra" está detrás de estas argucias; lo que está claro es que mientras el poder judicial no sea independiente la Corrupción campará a sus anchas en ciertas administraciones públicas.
La sobre carga de trabajo del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales se da desde hace años sín que el CGPJ haya puesto remedio. Una vez más se demuestra que el CGPJ no está por la labor de esclarecer los temas de Corrupción en nuestro municipio y menos sí los imputad@s tienen ilustres apellidos.
EL QUIJOTE GUANCHE
ACAYRO CITA A LOS EX-ALCALDES ESTE JUEVES 4 DE JUNIO POR LOS "SOBRESUELDOS"
Según publica el DM hoy "ACAYRO CITA A LOS TRES ÚLTIMO EX-ALCALDES POR EL CASO DE LOS SOBRESUELDOS".
L@s encausad@s tendrán que acudir al juzgado el próximo jueves 4 de Junio para tomarles declaración. Recordamos que el juez ha imputado en este asunto al actual Alcalde, Iván González Barquín, Fernando Muguruza, Rufino Díaz Helguera, ocho ex-concejales, dos funcionarios y un ex-secretario municipal. Según el juez, el recaudador municipal e interventor accidental, Gregorio Alcedo (NOTICIA DM ) y el funcionario, Pedro Luís Arroyuelos, son los beneficiarios de esos "pluses" que habrían aprobado miembros del anterior equipo de gobierno entre los años 2008 y 2009.
Desde Castro Confidencial esperamos un nuevo espectáculo como el del pasado viernes con paseillo incluido...
http://www.aquiconfidencial.es
FIANZAS MILLONARIAS EN EL CASO LA LOMA
Será la Audiencia Provincial la que juzgará los hechos del caso en el que están imputados:13 promotores, 10 funcionarios y técnicos municipales y 23 políticos, por delitos de prevaricación urbanística y administrativa, ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, estafa, infidelidad en la custodia de documentos públicos y desobediencia a la autoridad.
Las fianzas de mayor cuantía son las fijadas para los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, a los que el juez instructor pide 52,6 millones por un delito de prevaricación urbanística, como responsables civiles solidarios junto a autoridades y funcionarios.
Además, el juez fija otra fianza de 500.000 euros para los gastos de la eventual demolición de las viviendas construidas en la zona de servidumbre de la autovía y del futuro vial autonómico, demolición que a su entender es "altamente previsible" porque "todos los contratos han sido resueltos, los compradores han recuperado el dinero y no habita nadie".
A la vez que deniega al Ayuntamiento la condición de perjudicado y le atribuye la de responsable civil subsidiario, el magistrado hace constar la "reserva expresa de la eventual acción de repetición que le corresponda, en su caso, contra los acusados por los perjuicios ocasionados por éstos al Ayuntamiento".
Desde Castro Confidencial ponemos a disposición el recorte de prensa del Diario Montañes..
IMPUTADOS LA LOMA-DIARIO MONTAÑES-PDF
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