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EL CONCEJAL DE HACIENDA PROMETIÓ TENER APROBADO EL PRESUPUESTO EL 1 DE ENERO DE 2021...ESTAMOS A 26 DE ENERO DE 2021 Y LOS VECINOS AUN ESTAMOS ESPERANDO PARA CONOCER EL BORRADOR. VEN Y CUENTALÓ...EN CASTRO URDIALES SEGUIMOS SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES.

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LLEGAN LAS PUERTAS DEL ASCENSOR PANORÁMICO DE SANTA CATALINA PERO NO SE SABE CUANDO PODRÁ USARSE EL ASCENDOR QUE LLEVA ASÍ PARADO DESDE EL VERANO DE 2020..SUMA Y SIGUE CON LA GESTIÓN NEGLIGENTE DE ESTE EQUIPO DE GOBIERNO.

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PRESUPUESTOS 2021

DEL BORRADOR DEL PRESUPUESTO DE 2020 HEMOS PASADO AL BORRADOR DEL PRESUPUESTO DE 2021 CON UN AUMENTO DE 12 MILLONES DE GASTOS PARA LOS QUE NO HAY INGRESOS EFECTIVOS. NO PARECE QUE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA OPOSICIÓN ESTÉN DISPUESTOS A APROBAR UN PRESUPUESTO INFLADO PERO YA LO VEREMOS...A PRINCIPIOS DE ENERO NUEVA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

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PERU ZABALLA

DICE EL CONCEJAL DE DEPORTES QUE EN BREVE ACABARÁ LA OBRA DEL PERU ZABALLA...CURIOSO QUE UNA OBRA DE 3 MESES DE EJECUCIÓN CUYO CONTRATO SE FORMALIZÓ EN SEPTIEMBRE DE 2020, SE HA TENIDO QUE PRORROGAR Y AÚN ASÍ NO SE HA TERMINADO. ESTE EQUIPO DE GOBIERNO NO SABE EJECUTAR OBRAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE HA DEMOSTRADO EN VARIAS COMO EL SANEAMIENTO DE SANTULLÁN, Y LA PLAZA DE LOS LEONES..EN FÍN CUANDO DICE QUE PRONTO SABREMOS ALGO DEL POLIDEPORTIVO DE SÁMANO NO DICE DE QUE AÑO...POR SI ACASO SE EQUIVOCA..

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EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES RECURRE AL TSJC LA ANULACIÓN DEL PLENO

domingo, 15 de marzo de 2020




PUBLICA EL DIARIO MONTAÑES HOY QUE "CASTRO RECURRE ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA LA ANULACIÓN DEL PLENO DEL CONVENIO LOLÍN".

LA SECRETARIA MUNICIPAL PROPONE A LA CORPORACIÓN QUE APOYE EL RECURSO DE APELACIÓN EN LA SESIÓN CONVOCADA PARA ESTE MARTES.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha puesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el auto del juez Acayro en el que declara nulo el pleno municipal celebrado el pasado 4 de Febrero cuando los ediles del equipo de gobierno y de Podemos impidieron que saliera adelante el último trámite para la entrada en vigor del Convenio de Conservas Llín con el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

  Así lo hace constar la Secretaria Municipal en un nuevo informe, en el que se indica a los 21 concejales de la corporación municipal que están convocados al pleno del martes 17 de Marzo a las 8:00 horas de la mañana, para asistir a la repetición del pleno del 4 de Febrero por "imperativo judicial". Además de eso, la secretaria hace constar que si la sentencia del TSJC es estimatoria se podría acordar la revocación del auto del juez Acayro  y la anulación de todos aquellos actos adoptados por su cumplimiento, incluído el acuerdo de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU.

 Pero la cosa tiene más miga porque en su propuesta de acuerdo, la funcionaria  propone a los concejales que "en cumplimiento del convenio urbanístico suscrito, Conservas Lolín deberá aportar en el plazo de 15 días (un plazo que no aparece en el Convenio) los documentos que acrediten que dispone de la financiación  y recursos suficientes para la adquisición de la parcela, y la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en Vallegón e informar sobre la planificación temporal del traslado".

El Auto del juez

Hay que recordar que en su auto, el juez Acayro, que cuestionó las "incomprensibles contradicciones" de la Secretaria Municipal, acordó "retrotraer el expediente a la convocatoria del pleno realizada  a fin de que, en cumplimiento de la sentencia del 2019 ( donde se dice que el convenio está ajustado a Derecho y es de interés general), en un plazo de 5 días se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado (todos los informes sectoriales vinculantes son favorables)  con apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas. Es decir, que el magistrado da dos opciones a los concejales: o aprobar la modificación en base a los informes favorables vinculantes o no hacerlo, lo que supondría resolver o poner fin al convenio y eso implicaría una responsabilidad patrimonial e imposición de multas para los que así lo decidieran. 


 

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