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HOY GRACIAS AL VOTO DE PODEMOS CASTRO Y LA ABSTENCIÓN DEL PP, EL EQUIPO DE GOBIERNO (PSOE-CIUDADANOS) HA APROBADO INICIALMENTE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2021. CASI DOS AÑOS DE COMENZAR LA LEGISLATURA. PRESUPUESTOS CONTRA EL COVID PLAGADOS DE OBRAS Y DE POCA INVERSIÓN EN POLITICAS SOCIALES.

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PRESUPUESTOS 2021

DEL BORRADOR DEL PRESUPUESTO DE 2020 HEMOS PASADO AL BORRADOR DEL PRESUPUESTO DE 2021 CON UN AUMENTO DE 12 MILLONES DE GASTOS PARA LOS QUE NO HAY INGRESOS EFECTIVOS. NO PARECE QUE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA OPOSICIÓN ESTÉN DISPUESTOS A APROBAR UN PRESUPUESTO INFLADO PERO YA LO VEREMOS...A PRINCIPIOS DE ENERO NUEVA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

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MENTIRAS DE ANTUÑANO

DICE EL CONCEJAL DE HACIENDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SÍ LOS GRUPOS MUNICIPALES NO VOTAN A FAVOR DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO NO PODRÁ PAGAR LAS APORTACIONES A LAS JUNTAS VECINALES..OTRA MENTIRA MÁS.. EN OCTUBRE DE 2020 EL PLENO MUNICIPAL APROBÓ LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 39 DEL PRESUPUESTO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PAGASE LAS APORTACIONES A LAS JUNTAS VECINALES EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021..EN LA MODIFICACIÓN SE INCLUYE EL PAGO POR DECRETO DE ALCALDÍA..ES DECIR, QUE EL CONCEJAL DE HACIENDA MIENTE Y LO SABE.. LO QUE PRETENDE EL PSOE DE CASTRO URDIALES ES CHANTAJEAR A LOS PEDÁNEOS DEL PRC PARA QUE PRESIONEN A SU GRUPO MUNICIPAL...PERO SÍ EL PRESUPUESTO ES MALO PARA CASTRO LO ES PARA TODAS LAS JUNTAS VECINALES..

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EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES RECURRE AL TSJC LA ANULACIÓN DEL PLENO

domingo, 15 de marzo de 2020




PUBLICA EL DIARIO MONTAÑES HOY QUE "CASTRO RECURRE ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA LA ANULACIÓN DEL PLENO DEL CONVENIO LOLÍN".

LA SECRETARIA MUNICIPAL PROPONE A LA CORPORACIÓN QUE APOYE EL RECURSO DE APELACIÓN EN LA SESIÓN CONVOCADA PARA ESTE MARTES.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha puesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el auto del juez Acayro en el que declara nulo el pleno municipal celebrado el pasado 4 de Febrero cuando los ediles del equipo de gobierno y de Podemos impidieron que saliera adelante el último trámite para la entrada en vigor del Convenio de Conservas Llín con el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

  Así lo hace constar la Secretaria Municipal en un nuevo informe, en el que se indica a los 21 concejales de la corporación municipal que están convocados al pleno del martes 17 de Marzo a las 8:00 horas de la mañana, para asistir a la repetición del pleno del 4 de Febrero por "imperativo judicial". Además de eso, la secretaria hace constar que si la sentencia del TSJC es estimatoria se podría acordar la revocación del auto del juez Acayro  y la anulación de todos aquellos actos adoptados por su cumplimiento, incluído el acuerdo de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU.

 Pero la cosa tiene más miga porque en su propuesta de acuerdo, la funcionaria  propone a los concejales que "en cumplimiento del convenio urbanístico suscrito, Conservas Lolín deberá aportar en el plazo de 15 días (un plazo que no aparece en el Convenio) los documentos que acrediten que dispone de la financiación  y recursos suficientes para la adquisición de la parcela, y la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en Vallegón e informar sobre la planificación temporal del traslado".

El Auto del juez

Hay que recordar que en su auto, el juez Acayro, que cuestionó las "incomprensibles contradicciones" de la Secretaria Municipal, acordó "retrotraer el expediente a la convocatoria del pleno realizada  a fin de que, en cumplimiento de la sentencia del 2019 ( donde se dice que el convenio está ajustado a Derecho y es de interés general), en un plazo de 5 días se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado (todos los informes sectoriales vinculantes son favorables)  con apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas. Es decir, que el magistrado da dos opciones a los concejales: o aprobar la modificación en base a los informes favorables vinculantes o no hacerlo, lo que supondría resolver o poner fin al convenio y eso implicaría una responsabilidad patrimonial e imposición de multas para los que así lo decidieran. 


 

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