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EL PRÓXIMO 13 DE NOVIEMBRE SABREMOS SÍ EL MIRAMAR SE SALVA O NO DEL DERRIBO. ESCASA PRESENCIA DE PERSONAS EL PASADO DOMINGO PARA MOVILIZARSE EN FAVOR DE LA INSTALACIÓN..ESPEREMOS QUE COSTAS VE MÁS FACTIBLE Y BARATO SALVARLO QUE DERRIBARLO.

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ADIOS MIRAMAR

A FALTA DE UNA SORPRESA QUE SALVE LA INSTALACIÓN IN EXTREMIS.., HOY HA QUEDADO PATENTE QUE COSTAS SE DESENTIENDE DEL PROYECTO DE INTENTAR SALVAR EL MIRAMAR Y AHORRAR COSTES DEL DERRIBO..EN FIN COMO SIEMPRE EN CASTRO URDIALES HAY SITUACIONES QUE NO SE SALVAN A PESAR DEL INTERES DE ALGUNAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TODO POR 300 METROS DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE. UNA PENA Y UN NEFASTO PRECEDENTE DE LO QUE LE ESPERA A DETERMINADAS EDIFICACIONES QUE LLEVAN MÁS DE 50 AÑOS UBICADAS JUNTO A LA COSTA..Y ESO QUE DETERMINADAS LEYES NO SON RETROACTIVAS..REPETIMOS UNA ABSOLUTA PENA QUE PARA RECUPERAR 300 METROS DE PLAYA SE TIRE UN EDIFICIO ENTERO.

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PRIMOS Y PRIMARIAS

DICE EL S.G DEL PSOE QUE VOLVERÁ A PRESENTARSE A LAS PRIMARIAS,Y QUE LE GUSTARÍA QUE HUBIERA MÁS CANDIDATURAS..DESDE AQUÍ ANIMAMOS A ALGÚN MILITANTE QUE SE ATREVA A DAR EL PASO PARA QUE NO SEA A LISTA ÚNICA COMO SIEMPRE Y HAYA ALGO DE PARTICIPACIÓN Y RENOVACIÓN MÁS ALLA DE LO POLITICAMENTE CORRECTO. AY QUE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA CASTREÑA DEJÓ DE TENER VIDA PROPIA TRAS LA MARCHA DE DON R.D.H Y DE MOMENTO A PESAR DE LOS AÑOS NO SE HA RECUPERADO DEL SUSTO ELECTORAL DE 2003 Y SIGUEN CON LAS MISMAS CARAS...POCA RENOVACIÓN EN LA LISTA DEL SEÑOR ANTUÑANO PERO QUE SE VA A HACER ES PEDIR MUCHO..EL PRÓXIMO 19 DE NOVIEMBRE SABREMOS QUIEN ES EL CANDIDAT@ ELEGIDO...

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LUCES EN OSTENDE

NOS COMENTAN DESDE LAS REDES SOCIALES SÍ EL AYUNTAMIENTO COLOCARÁ ESTE AÑO LUCES DE NAVIDAD EN OSTENDE..SUPONEMOS QUE SÍ LAS HABRÁ..PERO NOS PREGUNTAMOS SÍ SE PUEDEN PONER ALGUNAS MÁS POR ESA ZONA PARA EL DISFRUTE DE LOS VECIN@S..QUE OTROS AÑOS NO HAN TENIDO TANTA SUERTE COMO LA QUE TIENEN LOS QUE VIVEN CERCA DE ZONAS COMERCIALES EN EL CENTRO O JUNTO AL PRQUE DE AMESTOY..

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EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA CONDENA IMPUESTA AL JUEZ ACAYRO

lunes, 4 de julio de 2016


La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta impuesta al juez Luis Acayro Sánchez Lázaro por un delito de revelación de secretos, consistente en remitir al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial el certificado de antecedentes penales de una persona que le había denunciado ante dicho órgano. ENLACE NOTA PRENSA-PODER JUDICIAL

 



La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por el juez y le absuelve al considerar que su conducta no incurrió en delito. 

Al parecer, no se trata de un caso de acceso o utilización injustificada de datos, sino de un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento –en este caso la Secretaria Judicial, ahora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales- a petición del titular del órgano jurisdiccional, que luego son remitidos al CGPJ en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario.

La sentencia, indica que la Ley Orgánica del Poder Judicial –artículo 236- admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos, subraya la resolución, su cesión al CGPJ “está autorizada” cuando este órgano actúa en el ejercicio de sus funciones de inspección y control o en el ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas.

Por todo ello, concluye, que “ni el juez que solicitó el certificado, ni la Letrada de la Administración de Justicia que accedió con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que había incoado una información previa a través del Servicio de Inspección, pueden considerarse actores de una ilegítima injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa que proclama el artículo 18.4 de la CE y que tutela penalmente el artículo 197.2 del Código Penal”.

Para el Tribunal Supremo, los hechos imputados al acusado carecen de relieve penal y la nula afectación del bien jurídico protegido por el artículo 197.2 del CP –la autodeterminación informativa y no la intimidad- es otra de las razones para concluir que no hay delito.

 
Voto particular


La sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Saavedra Ruiz en el que sostiene que en este caso el tratamiento de datos personales como la hoja histórico-penal con los antecedentes cancelados, incorporados al Registro Penal de Penados, están sólo a disposición de los juzgados y los tribunales españoles.

Asimismo, afirma que el acceso será legítimo en relación con los órganos judiciales siempre y cuando lo sea a efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los conozcan en el ámbito de sus respectivas competencias. También añade que el CGPJ no tiene acceso directo a la información contenida en dicho Registro y mucho menos cuando se trate de inscripciones canceladas.

Por todo ello, concluye que la secretaria judicial y el magistrado no estaban autorizados para acceder y utilizar esos datos personales fuera del ejercicio de sus funciones en procedimientos y actuaciones judiciales de las que conocieran en el ejercicio de sus competencias, de forma que “no actúa legítimamente el funcionario autorizado que obtiene los datos al margen de cualquier procedimiento en marcha e igualmente no está autorizado a la cesión de esos datos a un tercero el que lejos de hacerlo en el ejercicio de su función jurisdiccional o gubernativa legítima lo hace prevaliéndose de su cargo en función de sus intereses personales”.



Desde Castro Confidencial recomendamos atentamente la lectura de la Sentencia y sus consecuencias...Entre ellas que el demandante, señor Loroño paga las costas del proceso.
 
ENLACE NOTICIA CONFILEGAL.COM 

ENLACE SENTENCIA-CONFILEGAL.COM-PDF 

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