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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PROPONE AHORA QUE EN EL CALENDARIO ESCOLAR DEL AÑO QUE VIENE SE ACORTE LA SEMANA NO LECTIVA DE NOVIEMBRE Y SE RECUPERE LA SEMANA DE PASCUA COMO NO LECTIVA..EN CONTRA DEL INFORME DE EVALUACIÓN..EN FIN CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS QUE SIGUEN PERJUDICANDO A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO. VEREMOS EN QUE SEQUEDA AL FINAL.

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EL PP PROMUEVE ENTRE LOS AGENTES CULTURALES UN PACTO PARA DINAMIZAR EL MUNICIPIO PARA 2019..NO SABEMOS SÍ ES UNA NUEVA PROMESA ELECTORAL O UN AÑADIDO A LA RUTA SOCIAL DE ESTE OTOÑO-INVIERNO..FALTA SABER LOS DESAYUNOS DEL PSOE, DE CIUDADANOS, DE VOX, LA HOJA DE RUTA DE CV Y POR SUPUESTO EL FORO DE SIMPATIZANTES DEL PRC..SE AVECVINA LA PRECAMPAÑA ELECTORAL A UN AÑO DE LAS PRÓXIMAS MUNICIPALES...

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UNA AÑO MÁS PARA EL PROGRAMA DE INEM-CORPORACIONES LOCALES SIN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO..EL SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO PRESELECCIONA SIN TENER EN CUENTA LAS PRESTACIONES SOCIALES Y/O QUE ALGUN@S DE LOS ASPIRANTES HAN PARTICIPADO NO UNA SINO VARIAS VECES EN EL MISMO PROGRAMA..DESCONOCEMOS QUIEN O QUIENES ESTÁN "ABONADOS" COMO USUARI@S A PARTICIPAR UNA Y OTRA VEZ EN EL MISMO PROGRAMA PERO NOS PARECE SORPRENDENTE QUE EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL ENCARGADO JUNTO CON EL EMCAN DEL PROGRAMA, NO ESTABLEZCA NINGÚN TIPO DE VALORACIÓN RESPECTO A ASPIRANTES QUE REPITEN UNA Y OTRA VEZ PERDIENDO ASÍ EL COMPONENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES..LA PREGUNTA ES COMO HACE LA PRESELECCIÓN EL EMCAN?? LA RESPUESTA ES QUE NO SE SABE..

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El PRC CALIFICA A DIEGO COMO " EL ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO 1"

miércoles, 9 de mayo de 2012



El PRC califica a Diego como “el enemigo público número 1” de las políticas sociales y le acusa de usar la crisis como “excusa contra los más débiles”.


Rosa Valdés reprocha al Gobierno que no pueda financiar La Pereda pero sí concertar el Torrevelo y perdonar el Impuesto de Sucesiones “a los más ricos”.

Santander, 9 de mayo de 2012

La diputada y portavoz del PRC en materia social, Rosa Valdés, ha calificado hoy al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, como “el enemigo público número uno de la atención a la dependencia y de los colectivos sociales más desfavorecidos” y le ha acusado de utilizar la crisis económica como “excusa” para aplicar “las políticas más dañinas” contra el sistema público de bienestar.

Valdés ha comparecido en rueda de prensa para presentar la proposición no de ley que defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento en contra de los recortes que el Gobierno Regional está aplicando en las políticas sociales, y que
tienen como “gota que ha colmado el vaso de la paciencia de todos” la decisión “unilateral, inexplicable y absolutamente vergonzosa” de cerrar el centro de mayores La Pereda y el comedor social de Santoña y privatizar el centro de día de
Castro Urdiales. A su juicio, el sistema público de servicios sociales está “seriamente amenazado y en peligro clarísimo”, como consecuencia de las políticas “regresivas, cicateras,
economicistas y sin corazón” del Partido Popular, al que ha acusado de “manipular” las cuentas públicas “con el único fin de restar recursos a los centros sociales y sanitarios públicos para tener la justificación que necesitan y avalar su política privatizadora”. “A este Gobierno no le salen las cuentas porque ha preferido dar dinero público al colegio elitista Torrevelo, en detrimento de los centros educativos públicos; ha preferido perdonar el pago del impuesto de sucesiones a los más ricos para cerrar residencias de ancianos y comedores sociales, y ha optado por rescatar bancos cuyo único aval es una gestión financiera tóxica, para poner trabas y dejar sin nada a los perceptores de la Renta Social Básica, a los parados, los inmigrantes y a los pensionistas, que tendrán que pagar más por sus medicamentos en la etapa de su vida que más lo necesitan”, ha criticado. Además, ha reprochado al presidente cántabro que haya pasado de “aguerrido defensor de las políticas sociales” a “culpable de la quiebra social” que vive la
Comunidad Autónoma, “con la gente en la calle un día sí y otro también para denunciar la política hipócrita y avasalladora del PP”.
Para Valdés, el Ejecutivo de Ignacio Diego se ha revelado en su año escaso de mandato como “el más antisocial que ha presidido Cantabria en toda su historia autonómica”, después de despedir “de forma generalizada” a trabajadores de los
servicios sociales públicos, recortar la Renta Social Básica y poner “toda clase de trabas” para reducir los beneficiarios de la Ley de Dependencia, recortes a los que ahora se suma el cierre de La Pereda y el comedor de Santoña y la privatización del
centro de día de Castro Urdiales.
“Nos preguntamos qué será lo próximo”, ha continuado la diputada regionalista, quien ha subrayado que todos estos recortes “van en contra de quienes más necesitan el apoyo de la Administración” y propician el regreso a la política de
“beneficencia y caridad” y a épocas en las que “la escuela, el hospital o la residencia para la vejez solo eran accesibles para quienes podían pagárselo”. “Es el nuevo sistema de castas: la nutrida clase social de los parias y la pequeña y selecta élite
de los ricos”, ha apostillado.

Proposición no de ley .

Por todo ello y desde una “profunda preocupación” por la política “insolidaria, injusta y regresiva” del Partido Popular, el PRC instará el próximo lunes al Parlamento a rechazar los recortes que desde los gobiernos de España y de Cantabria se están aplicando a la atención de la dependencia, la autonomía personal, la Renta Social Básica y, en general, al Sistema Público de Bienestar Social, “en perjuicio del futuro sostenimiento y desarrollo del mismo”. La iniciativa rechaza también los expedientes de regulación de empleo y los
despidos indiscriminados y arbitrarios que afectan a entidades públicas instrumentales fundamentales para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, como la Fundación Cántabra de Bienestar Social y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, porque suponen “una reducción considerable del personal
dedicado a la atención de la dependencia, la discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social, en detrimento de las prestaciones del sistema público”. Finalmente, insta al Gobierno a promover la vida autónoma y la atención a la dependencia “de una manera sólida, sostenible, racional, responsable, transparente y ágil, evitando la burocratización y propiciando la mejora continua de las prestaciones dirigidas a los usuarios de los servicios sociales, en garantía de las máximas cotas de calidad de vida y de protección para las personas en riesgo de
exclusión y en situación de dependencia”.




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