El PRC CALIFICA A DIEGO COMO " EL ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO 1"
El
PRC califica a Diego como “el enemigo público número 1” de las políticas sociales
y le acusa de usar la crisis como “excusa contra los más débiles”.
Rosa Valdés reprocha al Gobierno que no pueda financiar
La Pereda pero sí concertar el Torrevelo y perdonar el Impuesto de Sucesiones “a
los más ricos”.
Santander, 9 de mayo de 2012
La diputada
y portavoz del PRC en materia social, Rosa Valdés, ha calificado hoy al presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, como “el enemigo público número uno de la atención
a la dependencia y de los colectivos sociales más desfavorecidos” y le ha acusado
de utilizar la crisis económica como “excusa” para aplicar “las políticas más dañinas”
contra el sistema público de bienestar.
Valdés ha
comparecido en rueda de prensa para presentar la proposición no de ley que
defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento en contra de los recortes que
el Gobierno Regional está aplicando en las políticas sociales, y que
tienen como “gota
que ha colmado el vaso de la paciencia de todos” la decisión “unilateral,
inexplicable y absolutamente vergonzosa” de cerrar el centro de mayores La
Pereda y el comedor social de Santoña y privatizar el centro de día de
Castro
Urdiales. A su juicio,
el sistema público de servicios sociales está “seriamente amenazado y en peligro
clarísimo”, como consecuencia de las políticas “regresivas, cicateras,
economicistas
y sin corazón” del Partido Popular, al que ha acusado de “manipular”
las cuentas públicas “con el único fin de restar recursos a los centros sociales y
sanitarios públicos para tener la justificación que necesitan y avalar su política
privatizadora”. “A este
Gobierno no le salen las cuentas porque ha preferido dar dinero público al colegio
elitista Torrevelo, en detrimento de los centros educativos públicos; ha preferido
perdonar el pago del impuesto de sucesiones a los más ricos para cerrar residencias
de ancianos y comedores sociales, y ha optado por rescatar bancos cuyo único
aval es una gestión financiera tóxica, para poner trabas y dejar sin nada a los
perceptores de la Renta Social Básica, a los parados, los inmigrantes y a los pensionistas,
que tendrán que pagar más por sus medicamentos en la etapa de su vida que más
lo necesitan”, ha criticado. Además, ha
reprochado al presidente cántabro que haya pasado de “aguerrido defensor de
las políticas sociales” a “culpable de la quiebra social” que vive la
Comunidad
Autónoma, “con la gente en la calle un día sí y otro también para denunciar la política hipócrita
y avasalladora del PP”.
Para Valdés,
el Ejecutivo de Ignacio Diego se ha revelado en su año escaso de mandato como
“el más antisocial que ha presidido Cantabria en toda su historia autonómica”,
después de despedir “de forma generalizada” a trabajadores de los
servicios
sociales públicos, recortar la Renta Social Básica y poner “toda clase de trabas” para
reducir los beneficiarios de la Ley de Dependencia, recortes a los que ahora se
suma el cierre de La Pereda y el comedor de Santoña y la privatización del
centro de
día de Castro Urdiales.
“Nos
preguntamos qué será lo próximo”, ha continuado la diputada regionalista, quien ha
subrayado que todos estos recortes “van en contra de quienes más necesitan el
apoyo de la Administración” y propician el regreso a la política de
“beneficencia
y caridad” y a épocas en las que “la escuela, el hospital o la residencia para la
vejez solo eran accesibles para quienes podían pagárselo”. “Es el nuevo sistema de
castas: la nutrida clase social de los parias y la pequeña y selecta élite
de los ricos”,
ha apostillado.
Proposición
no de ley .
Por todo
ello y desde una “profunda preocupación” por la política “insolidaria, injusta y
regresiva” del Partido Popular, el PRC instará el próximo lunes al Parlamento a
rechazar los recortes que desde los gobiernos de España y de Cantabria se
están aplicando a la atención de la dependencia, la autonomía personal, la
Renta Social Básica y, en general, al Sistema Público de Bienestar Social, “en
perjuicio del futuro sostenimiento y desarrollo del mismo”. La iniciativa
rechaza también los expedientes de regulación de empleo y los
despidos
indiscriminados y arbitrarios que afectan a entidades públicas instrumentales
fundamentales para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, como la
Fundación Cántabra de Bienestar Social y el Instituto Cántabro de Servicios
Sociales, porque suponen “una reducción considerable del personal
dedicado a
la atención de la dependencia, la discapacidad y las personas en riesgo de exclusión
social, en detrimento de las prestaciones del sistema público”. Finalmente,
insta al Gobierno a promover la vida autónoma y la atención a la dependencia “de
una manera sólida, sostenible, racional, responsable, transparente
y ágil, evitando la burocratización y propiciando la mejora continua de las
prestaciones dirigidas a los usuarios de los servicios sociales, en garantía de las máximas
cotas de calidad de vida y de protección para las personas en riesgo de
exclusión y en situación de
dependencia”.
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