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SEGÚN NOTA DE PRENSA DEL C.G.P.J (EN LA QUE SE PUEDE CONSULTAR LA SENTENCIA) ENLACE WEB NOTICIAS : "INHABILITACIÓN PARA EL EXALCALDE DE CASTRO URDIALES, Y DOS EXCONCEJALES POR ADJUDICACIONES A DEDO DE VARIAS OBRAS".
Absueltos el resto de ediles porque no se ha acreditado que tuvieran conocimiento de la ilicitud del procedimiento empleado en las obras de túnel de Mioño y la instalación del ascensor en el mercado municipal.
Santander, 31 de enero de 2017.-
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander ha condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación para cargo público al que fuera alcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza Galán, al considerarle autor de un delito continuado de prevaricación.
Asimismo, la magistrada firmante de la resolución ha condenado a los que fueron concejales de Obras e Industria durante el mandato de aquel, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, por el mismo delito y les ha fijado una pena mayor: cuatro años y nueve meses de inhabilitación.
Los hechos que han sido considerados delictivos se refieren a la manera de actuar que los tres condenados desplegaron durante el proceso de contratación de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y de las de instalación de un ascensor en el mercado municipal, ambas encargadas a la empresa de la que era gerente un hermano de los condenados.
La sentencia declara probado que en 2004 la junta de gobierno local de Castro Urdiales acordó por unanimidad aprobar las ofertas y la adjudicación a la empresa IZETA de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y las de instalación de un ascensor en el mercado municipal.
Entiende la juez que tanto el alcalde, como el concejal de obras, Salvador Hierro, y el concejal de Industria, Jaime Díez Muro, tenían “pleno conocimiento de la ausencia total de expediente administrativo de contratación” así como de “los vínculos de parentesco” entre este último y el gerente de IZETA, que era su hermano.
Además, el edil Díez Muro votó favorablemente a las adjudicaciones, lo que evidencia “una consciente y deliberada ausencia de abstención, con la silenciosa complacencia y el encubrimiento del alcalde y del concejal de obras”.
La fiscalía solicitaba la condena de todos los ediles y también de los funcionarios públicos por un delito continuado de prevaricación, con penas que iban desde los nueve años de inhabilitación para los tres ediles que han resultado condenados, a los siete años para los dos funcionarios públicos.
Sin embargo, la juez considera que sólo cometieron delito continuado de prevaricación los que eran concejales de Obras –quien recibió las ofertas y las presentó ante la junta municipal- y de Industria –hermano del gerente de IZETA y que no se abstuvo en las votaciones-, así como el alcalde –que conocía tanto la ausencia de tramitación como los lazos familiares.
El resto de cargos y funcionarios públicos quedan absueltos ya que no se ha acreditado que conocieran que las contrataciones se hicieron a dedo.
Desde Castro Confidencial observamos nuevamente que la instrucción del juez Acayro llega al tribunal y se resuleve con sentencia.
1 Opiniones :
Y lo peor de todo esto, es que encima les estamos pagando los abogados de su defensa, ya que el Ayuntamiento va a tener que cargar con dicho importe. Lamentable.
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