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CASTROVERDE LOGRA QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO Y PODEMOS PONGAN LOS CARRILES BICI EN LA AGENDA POLÍTICA TRAS SUS CRÍTICAS LA PASADA LEGISLATURA .

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6 MESES HA TENIDO EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA COLOCAR LAS NUEVAS SEÑALES DE 30 KM/H. SIN EMBARGO, LAS SEÑALES ESTÁN TAPADASCON PLASTICOS Y NO SE HAN COLOCADO..ESO SÍ, LA POLICIA LOCAL YA DISPONE DE RADAR MOVIL PARA PONER LAS PERTINENTES MULTAS.. VEREMOS SÍ ESTAMOS EN CAMPAÑA INFORMATIVA O LOS VECINOS Y RESIDENTES TENDRÁN QUE RECURRIR LAS MULTAS.

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CASTROVERDE HA RECOGIDO MÁS DE 2500 FIRMAS PARA PEDIR QUE VUELVA LA ATENCIÓN PRIMARIA PRESENCIAL EN LOS AMBULATORIOS Y QUE SE AUMENTE EL PERSONAL. EL 25 DE MAYO PRESENTAN UNA MOCIÓN AL PLENO MUNICIPAL PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A QUE HAGA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR ESA ATENCIÓN PRIMARIA PRESENCIAL.

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NO SABEMOS PORQUE LA ALCALDESA SIGUE DICIENDO LAS MISMAS PATRAÑAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE LA PRENSA LOCAL NO ESTÁ A LA ALTURA ...LA PARCELA JUNTO AL PACHI TORRE NO PUEDE DECERSE A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD MIENTRAS NO SE LEGALICE Y ESTO NO PUEDE OCURRIR MIENTRAS FALTEN 416 METROS CUADRADOS DE SUELO MUNCIPAL..

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EL AYUNTAMIENTO INFORMA QUE ESTÁ ESTUDIANDO RECURRIR LA SENTENCIA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LA UTE DE LIMPIEZA

miércoles, 8 de mayo de 2019


El pasado 29 de abril, el juzgado contencioso administrativo sentenció admitir la demanda de la UTE Castro, estimando en 1,9 millones la cantidad que el Ayuntamiento debería abonar a la empresa en concepto de revisión de precios acumulados desde 2011.

 
La UTE Castro mantiene un contrato con el Ayuntamiento para realizar el servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria, por el que factura unos 2,7 millones de euros al año. Además, el Ayuntamiento abona al Gobierno de Cantabria 1,2 millones al año por la tasa regional de gestión de residuos, mientras que gira a los usuarios recibos por 1,8 millones.

 La licitación de este contrato se inició en 2007 y por diversos problemas no pudo adjudicarse hasta el 10 de diciembre de 2009, iniciándose el servicio en mayo de 2010. Precisamente esta diferencia de fechas ha generado la controversia sobre desde cuándo debía iniciarse la revisión de precios y qué IPC debía ser tenido en cuenta.

 Tras varios años sin abordarse el asunto y con afán de desbloquear la situación, en 2016 se iniciaron negociaciones para acordar los términos de la revisión. En su curso y basándose en la legislación sobre contratos, el interventor municipal interpretó que la revisión no podía producirse antes de haberse ejecutado el 20% del contrato (en agosto de 2013) y que la fecha de referencia debía ser la de inicio del servicio en 2011, lo cual situó la cantidad a satisfacer muy lejos de las pretensiones de la empresa, abocando al consistorio a un pleito.

 Ahora la sentencia establece que la fecha de inicio de revisión es enero de 2011 porque así lo establecían los pliegos (de 2007) aunque contravengan lo dispuesto en la ley, al observar el juez una obligación contractual. Asimismo, estima que la fecha de referencia del IPC debe ser desde el inicio de la licitación en 2007, ya que el retraso de la adjudicación “fue consecuencia exclusiva de la negligencia de los responsables municipales”, lo que supone considerar los años con mayor inflación (de 2007 a 2010) causantes de lo abultado de la cantidad estimada.

 La sentencia no es firme y por ello el Ayuntamiento está estudiando la conveniencia de recurrir la sentencia.

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