EQUO CANTABRIA PRESENTA ALEGACIONES AL CONVENIO URBANISTICO DE LA FABRICA DE LOLÍN

En un largo escrito de alegaciones presentado en el Ayuntamiento el pasado miércoles 17 de mayo, EQUO Cantabria se opone al Convenio Urbanístico que significaría el modificado del PGOU para recalificar el suelo de la Fábrica de Anchoas “Lolín” y permitir con ello la construcción de un Centro Comercial, una vez se trasladen las antiguas instalaciones al polígono de Industrial de Vallegón. Equo Cantabria se muestra radicalmente en contra de esta operación, porque según declara el responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de la Mesa de Coordinación de EQUO Cantabria, Juantxu Bazán, “es un convenio que no es ético, no es legal, y encima está lleno de trampas, algunas tan graves que podrían significar responsabilidades penales en caso de el Ayuntamiento siga adelante con esta operación”. 

 
El concejal Jesús Gutiérrez, portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, presentó el pasado 25 de noviembre a la opinión pública el proyecto de nuevo Centro Comercial en Brazomar, cerca del casco urbano de Castro, en el terreno que dejaría la Fábrica de Anchoas Lolín. El pasado mes de enero, EQUO Cantabria manifestó su desconcierto por el hecho de que no se advirtiera el conflicto de intereses al ser el promotor del convenio, Jesús Gutiérrez, dueño de la Fábrica de Anchoas y al mismo tiempo concejal del Ayuntamiento. Ahora, en el escrito de alegaciones se vuelve a insistir en esta cuestión que, según EQUO Cantabria, es éticamente inadmisible, señalando que “no debería haber duda alguna de que se produce conflicto de intereses en la medida de que el concejal dueño de la Fábrica de Anchoas tiene interés económico directo y personal en la recalificación objeto de este convenio, y en su condición de concejal está comprometiendo la imparcialidad e independencia del Pleno de la Corporación de la que forma parte”. Equo Cantabria aporta varios pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación en la que se dictamina la prohibición de que un cargo electo, pueda contratar con la corporación de la que forma parte, prohibición de contratar que sería extensiva a sus familiares directos. En su escrito, EQUO muestra su extrañeza por la falta de informes jurídicos al respecto, y pide que se solicite a la Junta Consultiva de Contratación u órgano consultivo competente para que informe que el concejal Gutiérrez puede hacer un convenio urbanístico con el Ayuntamiento, pues en caso contrario estaríamos ante un convenio siempre bajo sospecha.


El nuevo Centro Comercial obtiene más de tres veces más del aprovechamiento urbanístico que el establecido en las ordenanzas.

Más allá de esta consideración, EQUO Cantabria expone en sus ocho alegaciones una larga argumentación jurídica y técnica que cuestiona la legalidad de este convenio, del que niega su interés público. EQUO Cantabria dice que no se opone al traslado de la fábrica de Lolín, pero expone que “habrá que hacerlo con todas las fábricas, y planificando adecuadamente el conjunto de la zona de Brazomar, y no haciendo un convenio con un solo empresario”. En su escrito de Alegaciones señala además que “es falso que este convenio sirva al interés público; lo que realmente se persigue es un negocio empresarial entre el dueño de la fábrica y un grupo empresarial, negocio que tiene una condición suspensiva: que el Ayuntamiento apruebe el convenio y recalifique los terrenos, a través del modificado nº 23 del PGOU, para que el negocio sea rentable”. También se denuncia en el escrito que se le están concediendo al promotor unos aprovechamientos exorbitantes hasta el punto de que el nuevo Centro Comercial incumpliría las Normas Urbanísticas del Plan General al ocupar un 88% de la parcela (frente a un máximo del 65% permitido por la ordenanza), con una edificabilidad neta de 14.504 m2  lo que significa un coeficiente de 2,35  m2/m2 mientras que la ordenanza para el suelo comercial establece una edificabilidad del 0.70 m2/m2. “Es como si hubiera dos normativas para el suelo comercial”, dice Juantxu Bazán, “la que indica el Plan General para cualquier centro comercial que es la han cumplido Eroski, el DIA, el Newtto, el LIDL…, y otra para el Centro Comercial del Convenio Lolín, al que se le otorgan unas prerrogativas a la carta que significan tres veces más del aprovechamiento urbanístico que el que realmente le corresponde”.
Por otro lado, EQUO Cantabria dice que las cesiones a las que está obligado por ley el promotor no están correctamente calculadas, pues en vez de los 950 m2 que se ceden para el Ayuntamiento (espacio para un gimnasio en la tercera planta del nuevo Centro Comercial) según EQUO deberían ser de 1.545 m2, señalando que “hay una desproporción entre las prerrogativas del promotor y las ventajas que obtiene el Ayuntamiento que en modo alguno está justificada por el hecho de que el promotor se comprometa a construir una pasarela para peatones y ciclistas”.

Usurpación de suelo público y responsabilidades penales. 
 
En la última de sus alegaciones EQUO Cantabria denuncia la usurpación de suelo público. Se trata de suelo que debió cederse en el momento de construir la Fábrica de Anchoas que se corresponde al espacio viario y peatonal que no fue cedido por el promotor ni controlado por los técnicos municipales de Urbanismo, y que según estimaciones de EQUO Cantabria podrían ser 835 m2, aunque emplaza a que sea el propio Ayuntamiento quien realice un informe adecuado y abra un expediente para la recuperación de los terrenos usurpados. EQUO Cantabria llama la atención de que el estudio de ingeniería DIRSUR encargado del proyecto del modificado del Plan General que acompaña a este convenio urbanístico, sea el mismo que redactó el Plan General, y diga que se han producido errores de topografía por los que la superficie actual de la parcela de la Fábrica de Lolín serían 6.170 m2 frente a los 5.343 m2 que se reflejan en los planos del proyecto que obtuvo la licencia de obras en 1.996. “Es una falacia inadmisible que se diga que ha habido errores topográficos”, dice Juantxu Bazán, “cuando en realidad lo que se ha producido es una apropiación de suelo público, por no ceder los espacios peatonales, y esto es algo que Javier Leonardo el director del Plan General debería saber”. “El agrandamiento de la parcela de Lolín se ha producido a costa del espacio común de todos los ciudadanos”, insiste Bazán, “y espero que el Ayuntamiento no caiga en la trampa de tapar esta usurpación de suelo público con este convenio en vez de aclarar que ha sucedido con esos terrenos y abrir un expediente para la recuperación de sus propiedades”.  

En el escrito de Alegaciones se aportan varios planos antiguos y fotografías de la época en la que aún funcionaba el ferrocarril entre Castro y Traslaviña. Los trazados de ferrocarril pasaron a propiedad municipal, y uno de los tramos, en la zona de Brazomar, lindaba con la de la antigua fábrica de Oleotécnica que fue adquirida mediante subasta pública por Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín” en 1996 para construir la Fábrica de Anchoas. Una parte de la traza es ahora la calle Leonardo Rucabado, pero la porción de lo que era el talud de la vía, unos 600 m2, que el plan calificó la mitad como suelo industrial y la otra mitad como zona peatonal, habría sido metidos, según se expone en las alegaciones de EQUO Cantabria, dentro de la fábrica de Anchoas. “Es posible que una parte del suelo, el calificado como industrial, sea irrecuperable, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de recuperar de oficio los bienes de dominio público ocupados ilegalmente, por lo que aprobar el convenio, y no actuar para recuperarlos podría derivar en responsabilidades penales para los miembros de la corporación que se decidan a aprobar el convenio”, advierte Juantxu Bazán, y añade, “espero que no se caiga en esa imprudencia y haya sensatez, porque las pruebas que se presentan en el escrito de alegaciones avisan de gravísimas irregularidades”.

Mesa de Coordinación de  EQUO Cantabria
20 de mayo de 2017.