CARGOS DE CONFIANZA NOMBRADOS A " DEDO" : QUE OPINA LA JUSTICIA?

Una juez anulaba ya en 2010 dos cargos de confianza en el Ayuntamiento de Alharuín.

Los grupos políticos municipales no tienen derecho a contratar personal de confianza con cargo a las arcas públicas porque "no son órganos de gobierno ni de gestión del Ayuntamiento". Así lo considera el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga que ha anulado el acuerdo de pleno de Alhaurín de la Torre de julio de 2007 en el que se nombraron sendos administrativos como coordinadores de los grupos municipales del PSOE y PP, con 950 euros de sueldo mensual.

Los derechos que la ley reconoce a los grupos políticos de disponer de suficientes medios materiales y personales "nada tienen que ver con la posibilidad de disponer de personal de confianza", sostiene la sentencia. IU impugnó aquel acuerdo porque quedó excluida de tener un administrativo.
El fallo se dictó el 5 de marzo de 2009 y para darle cumplimiento el juzgado  ordenó (providencia de 17 de marzo de 2010) que los dos empleados devuelvan los salarios cobrados durante casi tres años.

Desde Castroconfidencial sabemos que es práctica habitual de los Partidos Políticos pagar favores electorales y /o personales  mediante estos nombramientos a "dedo", cubriendo en simultáneo el control de la administración pública en beneficio propio del partido y de los cargos electos. Es imposible predecir cuántos cargos de estas características estarán cobrando indebidamente a cargo del erario público, pero podemos aventurar que serán muchos. Y dado que son tantos, la Fiscalía podía tomar nota y hacer una limpieza integral en ayuntamientos, diputaciones y CCAA para que todos los nombramientos a dedo que se han llevado a cabo durante los últimos años y los que están actualmente en nuestro Ayuntamiento, abandonen sus puestos.

Bastaría con comenzar a denunciar situaciones de este tipo y esperar a que la jurisprudencia se consolidara en este sentido para que partidos políticos y enchufados sean conscientes que los ayuntamientos no son sus cortijos particulares y que el dinero público hay que tocarlos siempre con las manos limpias y los bolsillos de cristal.

Si tenemos en cuenta que los ayuntamientos deben más de 140 millones de euros a la Seguridad Social,  se hace necesario un saneamiento profundo de las administraciones públicas con estas actuaciones:

- Obligar a los ayuntamientos a presupuestos de equilibrio o en superávit.
- Condonación de deudas con las administraciones públicas,  Seguridad social, Hacienda y otros entes públicos de niveles superiores. Con esta medida, sólo les quedaría la deuda contraída con el sector privado, deuda que se debe pagar mediante los saldos presupuestarios anuales no aplicados siguiendo el primer criterio.
 - Análisis de costes de estructura de todos los consistorios. La mayoría de ayuntamientos tiene un volumen de costes fijos que no pueden soportarlos, destacando como primer punto partidas disparatadas de gastos de personal o ratios de funcionarios/habitante que no tienen explicación alguna.
- Limitar el poder de gasto por concejales.

Y por último, sólo por la mejora intrínseca de nuestros consistorios, obligar a que al menos un 75% de las listas de futuros concejales y políticos que van a formar los distintos equipos de gobierno, tengan como mínimo unos estudios básicos, definiendo como básicos un bachillerato o equivalente. Creo que no es mucho pedir desde luego y no veo que sea una medida discriminatoria, pero al menos, una cultura básica y general será necesaria para poder gestionar un municipio o al menos eso marca la lógica.

LEER NOTICIA