LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO AUTORIZÓ AL AYUNTAMIENTO EL USO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN MAYO DE 2023

  


A GOLPE DE REDES SOCIALES NOS ENTERÁBAMOS  QUE LA ALCALDESA PONÍA EL GRITO EN EL CIELO POR ACTOS VANDÁLICOS CON PINTURA EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA, EDIFICIOS DEL CASCO VIEJO ETC.. PONIENDO EN EVIDENCIA LAS ANTERIORES DECLARACIONES DEL CONCEJAL DE DEPORTES EN LAS QUE AFIRMABA EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE ELLOS TRABAJAN  Y NO DENUNCIAN EN REDES SOCIALES.

 

Lo que sabemos es que el equipo de gobierno en la pasada legislatura solicitó la renovación de la autorización de cámaras de video vigilancia :

Tres (3) cámaras en el Polideportivo Peru Zaballa, Seis (6) cámaras en el Estadio Riomar y Cuatro (4) cámaras en el exterior de las
Instalaciones de la Policía Local.

Y que la Delegación del Gobierno es la que propone las veintitrés (23) cámaras siguientes instaladas en: Diez (10) cámaras en el Túnel de Valverde, Cuatro (4) cámaras en el Túnel calle Leonardo Rucabado, Seis (6) cámaras en en Túnel de Vizconde y Tres (3) cámaras en
el Ascensor de Santa Catalina, cuya fecha de autorización es el 13/04/2022, se tramite ahora para unificarlas todas.


En el  acta de junta de gobierno del pasado 13 de julio de 2023 se debate la notificación de la Delegación del Gobierno con fecha de entrada de 18 de mayo de 2023 en el que se da cuenta de la renovación de la autorización para instalación de cámaras de video-vigilancia en referencia a: 3 cámaras en el Polideportivo Peru Zaballa, 6 cámaras en el estadio Riomar, 4 cámaras en el exterior de la Policía Local, 10 cámaras en el Túnel de Valverde, Mioño, 4 cámaras en el el Túnel de la C/ Leonardo Rucabado y junto al Palacio Ocharan, 6 cámaras en el Túnel de Vizconde y 3 cámaras en el ascensor de Santa Catalina, cuya parte dispositiva se expresa del siguiente tenor literal:

“Por todo ello, y visto el informe favorable de la Comisión de Garantías de Video-vigilancia de 19 de abril de 2023, RESUELVO conceder la renovación de autorización para instalar las citadas cámaras con los siguientes requisitos:

DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.- La presente autorización tendrá una vigencia de UN AÑO, cuya renovación podrá solicitarse con dos meses de antelación a su expiración.

DESTRUCCIÓN DE LAS GRABACIONES.- Las grabaciones obtenidas a través de la instalación autorizada deberán ser destruidas por la autoridad responsable de su custodia material en el plazo máximo de un mes a contar desde el mismo día de su captación, salvo
en aquellos supuestos excepcionales contemplados en la normativa de aplicación.

RESPONSABILIDAD SOBRE LAS GRABACIONES.- La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, de conformidad con lo contenido en el artículo 17 del R.D. 596/1999, antes citado, será la responsable de la custodia de las grabaciones así como de
su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.- La presente autorización se encuentra expresamente sujeta a las previsiones que, en cuanto al derecho de información y de acceso y cancelación de las grabaciones obtenidas, se contemplan en el Capítulo V del R.D 596/1999.

Concretamente para informar al público de la existencia de la instalación autorizada, se deberá instalar una placa informativa en la cual figurará el pictograma de una cámara de video y un panel complementario en el que se hará constar una descripción genérica de la zona de vigilancia y de las autoridades responsables de la autorización y custodia de las grabaciones.

El diseño y formato de la placa informativa y del panel complementario se ajustará a lo establecido en el Anexo del Reglamento que desarrolla lo contenido en la Ley Orgánica
4/1997, aprobado por el R.D. 569/1999.

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 3 del artículo 8 del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse potestativamente Recurso de
Reposición, en el plazo de UN MES a contar desde la notificación de la presente, o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.


La Junta de Gobierno Local, acuerda dar traslado al Departamento de Informática y a la Policía Local.


 



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